Proponen elevar a rango constitucional el derecho a la Movilidad Universal

Al afirmar que la movilidad en el Estado de México se ha convertido en un problema complejo, caracterizado por la falta de políticas públicas que le den orden, con sistemas de transporte público deficientes, contaminación y accidentes, la diputada Brenda Escamilla Sámano planteó, en nombre del grupo parlamentario del PAN, elevar a rango constitucional el derecho a la movilidad universal en condiciones de seguridad, igualdad, accesibilidad, eficiencia, calidad, inclusión, sostenibilidad, sustentabilidad y progresividad.

En sesión deliberante, la legisladora detalló que su propuesta también pretende darles a los municipios la facultad de realizar planes en materia de movilidad y seguridad vial, pues esta materia debe atenderse integralmente.

La diputada Escamilla especificó que la Constitución Política estatal ya incluye el derecho a la movilidad, sin embargo, se debe homologar con los nuevos principios reconocidos en la Carta Magna, ya que se requieren políticas de transporte y movilidad para que cada vez más mexiquenses cuenten con sistemas de conectividad sustentable.

Dijo que aunado a los problemas de movilidad en la entidad mexiquense, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), los usuarios de transporte público pierden 69 mil millones de pesos (mdp) anuales en oportunidades de ingreso, casi tres veces más en comparación de quienes usan automóvil, que pierden 25 mil mdp.

Además, la zona metropolitana con mayor congestión vehicular en el país es la del Valle de México, con un costo per cápita de 5 mil 827 pesos y horas perdidas per cápita de 146 horas por año.  

Estas cifras, enfatizó, demuestran el viacrucis de quienes viven a diario estos traslados a sus centros laborales y escolares, pues sumado al tiempo e ingresos perdidos, enfrentan los robos en el trasporte público, que es un pendiente del gobierno en turno y una demanda permanente de la población.