Fideicomisos Públicos Estatales: ¿Motor de Desarrollo o Riesgo Financiero?

La más reciente edición del Barómetro de Información Presupuestal Estatal (BIPE) revela preocupantes hallazgos sobre la transparencia y funcionamiento de estos fideicomisos, arrojando luz sobre un aspecto crucial pero opaco de la administración pública.

Uno de los principales puntos de preocupación identificados por el BIPE es el bajo cumplimiento del criterio "Fideicomisos públicos por número de contrato y fiduciario", que ostenta la tercera calificación más baja en transparencia presupuestaria a nivel estatal, con solo un 69% de cumplimiento. Esta falta de transparencia dificulta la rendición de cuentas y la comprensión del impacto real de los fideicomisos en el erario público.

Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la información disponible en los presupuestos estatales sobre fideicomisos es limitada, la regulación es heterogénea y la asignación de recursos es asimétrica. De los 385 fideicomisos estatales reportados para el año 2023, que concentran alrededor de 51 mil 530 millones de pesos, solo 24 estados detallan los saldos de sus fideicomisos. Esta falta de claridad dificulta determinar qué proporción de los fideicomisos cuenta con una estructura adecuada, generando incertidumbre en la gestión de estos fondos.

El marco normativo que regula los fideicomisos públicos estatales es otro terreno de incertidumbre. La complejidad y heterogeneidad de las regulaciones estatales y federales, así como las reglas específicas para su funcionamiento, plantean desafíos significativos. La falta de uniformidad en los marcos legales estatales puede afectar negativamente la constitución, funcionamiento y rendición de cuentas de estos fideicomisos.

Un aspecto especialmente preocupante es la posibilidad de que los fideicomisos emitan deuda. Cuatro estados –Chihuahua, Nuevo León, Querétaro y Veracruz– concentran más de la mitad de los recursos totales de los fideicomisos públicos estatales, con un total de 28 mil 574 millones de pesos. Algunos de estos fideicomisos, como el de Chihuahua, tienen la capacidad de emitir deuda, lo que podría poner en riesgo las finanzas del estado, destacando una laguna en el marco regulatorio que no aborda esta cuestión crítica.

Ante este panorama, el IMCO hace un llamado a fomentar la transparencia y rendición de cuentas en lugar de eliminar los fideicomisos públicos. Para aprovechar su potencial en la gestión de recursos y la continuidad de proyectos a largo plazo, es esencial mejorar la información disponible y establecer condiciones normativas claras y adecuadas. Asimismo, se destaca la necesidad de homogeneizar el marco normativo, garantizando que existan reglas claras y consistentes para todos los estados.

En conclusión, los fideicomisos públicos estatales se encuentran en una encrucijada donde su potencial positivo para el desarrollo económico coexiste con riesgos financieros significativos. La clave para desbloquear su verdadero valor radica en una mayor transparencia, una regulación más clara y una rendición de cuentas efectiva, elementos esenciales para garantizar que estos instrumentos cumplan su función de manera responsable y beneficiosa para la sociedad.