Tulancingo de Bravo, Hidalgo.- Con la aprobación por parte del Congreso de la Unión de la ampliación del catálogo de delitos que implicarán prisión preventiva oficiosa, debe venir una reeducación cívica, para entender y aplicar los objetivos del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (NSJP).
Lo anterior fue planteado por José Alfredo Cruz León, presidente del Colegio de Abogados, Región Tulancingo, recordando que el modelo, implementado a nivel nacional en junio del año 2016, buscaba que las víctimas tuvieran respuesta pronta y expedita, luego de ser víctimas de un delito.
También se buscaba que entre la víctima y el presunto delincuente no se generaran enconos, y que la justicia fuera reparatoria, de acuerdo al modelo presentado en el año 2008.
Sin embargo, el NSJP ha sido aprovechado por los presuntos delincuentes para salir libres, incluso en varias ocasiones, debido a que existe la presunción de inocencia, incluso en delitos que eran considerados anteriormente como graves.
Con ello, la víctima queda en la indefensión, pues incluso teme desquite, incluso venganza por parte del delincuente, mientras que éste sigue actuando en otros lugares donde no se la ha detenido anteriormente, por lo que incluso se comienza a considerar impune.
A mediados del recién concluido mes de febrero, el Congreso de la Unión aprobó tanto en lo general como en lo particular, el dictamen por el cual se crea la Guardia Nacional.
Junto con éste, se amplió el catálogo de delitos que tendrán prisión oficiosa, algunos de ellos de regreso, después de ser considerados como menores en la reforma legal que se aplicó a partir de junio del 2016.
Los delitos que se consideran a partir de la aprobación mencionada por el cuerpo legislativo federal son: uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, delitos en materia e hidrocarburos (huachicoleo), así como abuso sexual en agravio de menores.
Además de los delitos de violencia sexual en agravio de menores, feminicidio, robo a casa habitación, robo a transporte de carga, desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y delitos contra la Ley de Armas de Fuego.
Cruz León considera que la situación puede ser de oportunidad para darle mayor publicidad a los detalles legales y jurídicos sobre el tema entre la población, que incluya educación cívica sobre este tema, y sobre cuestiones de legalidad en general.
Por Daniel Martínez Martínez
