Especialistas en derecho administrativo señalaron diversos puntos que representan inconsistencias en esta reforma
El Poder Legislativo del estado de Michoacán aprobó este 24 de octubre la reforma al Poder Judicial, con lo que se convirtió en el primer Congreso local que homologa lo que ya había sido dispuesto por el Senado de la República desde hace casi dos meses. Con esto, una vez que este decreto entra en vigor, para la entidad michoacana se establece que:
Se elegirá a los jueces y magistrados por medio de votación popular, como ya se había dicho previamente. Además, se llevará a cabo la reestructuración de los órganos del Poder Judicial, y se creará el Tribunal de Disciplina Judicial, así como un Órgano de Administración Judicial.
A su vez, no hará falta insacular para realizar el proceso de renovación de magistraturas; no así en el caso del cambio de la mitad de jueces y juezas, donde sí tendrá lugar la insaculación, al igual que en el caso de los juzgados vacantes ya sean los del frente o los interinos.
Los especialistas en derecho administrativo Pedro Ramírez Martínez y Jesús Sierra Arias señalaron diversos puntos que representan inconsistencias en esta reforma, y que pueden comprometer el funcionamiento y la coherencia de este poder en Michoacán.
Por ejemplo, la poca claridad con la que se ha manejado el tema de la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración, sobre sus competencias en la destitución de servidores públicos.
También se queda corta la definición en los criterios con los que se realizan las evaluaciones de los jueces tras el primer año de actividad.
Igualmente plantean otras inconsistencias como las confusiones que podrían generar las boletas electorales, la presencia de candidatos con promedios académicos desiguales, el plazo de seis meses para emitir las sentencias en materia penal, entre otras cuestiones.
En cualquier caso, los especialistas señalaron estos puntos como áreas de oportunidad.
