Pachuca de Soto, Hidalgo.- Diputados del Congreso local buscan incluir y ampliar las conductas ilícitas que son constitutivas del delito de extorsión, para que estén tipificadas en el Código Penal del Estado de Hidalgo y tengan penas de cuatro hasta los 12 años dependiendo de la gravedad del delito.
En iniciativa presentada durante sesión ordinaria llevada a cabo este lunes 7 de marzo, el diputado local por Tulancingo, José Antonio Hernández Vera, señaló que en México entre 2015 y 2020 los casos incrementaron 32 por ciento con respecto a años pasados, de ese total el 99 por ciento de casos no fueron denunciados.
“Tan solo en 2020 en todo el país se reportaron más de 990 mil casos de extorsión contra pequeñas y medianas empresas, este delito afecta a cualquiera, taquerías, tiendas y agricultores hasta a las grandes empresas”, señaló.
Lo anterior se debe a que las amenazas vulneran la seguridad social, bienestar e inhibe la inversión formal de comerciantes al ser una conducta antijurídica que condiciona a una persona para hacer actos contra su voluntad, incluso a entregar dinero a cambio de protección.
Por lo que a nombre de los grupos legislativos del Partido del Trabajo y de Movimiento de Regeneración Nacional, presentó iniciativa para que las penas por este delito vayan desde los cuatro hasta los 12 años de condena, además de 200 a 400 Unidades de Medida y Actualización (UMAS).
A lo anterior, se busca agregarle agravantes si el delito se comete contra menores de 18 años, personas embarazadas, mayores de 60 años, discapacitados o indígenas, por lo que las penas pueden hasta doblarse dependiendo de cada situación.
“La extorsión en México se ha convertido en un fenómeno complejo, debido a la diversidad de posibles sujetos activos que pueden cometer dicho delito, ya que pueden pertenecer a algún grupo del crimen organizado, autoridades de cualquier orden de gobierno, delincuentes internos en centros de readaptación o simplemente una persona que se hace pasar por alguien más y se asocia a otras conductas delictivas como despojo, fraude, secuestro u homicidio” señaló el asambleísta.
La iniciativa fue turnada a la comisión de Seguridad y Justicia ciudadana para su análisis y resolutivo correspondiente.
Por Daniel Martínez Martínez
