Pachuca de Soto, Hidalgo.- Con el objetivo de inhibir los delitos sexuales y de género en contra de las mujeres, fue presentada la iniciativa para el registro de personas agresoras sexuales y violentadoras de género.
El encargado de Despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH), Santiago Nieto Castillo, presentó dicha iniciativa, señalando que el registro es una forma de prevención y protección para evitar el riesgo de la reincidencia y repetición de conductas de violencia sexual y de género.
El registro se elaborará con la información que se obtenga de órdenes de aprehensión, vinculaciones a proceso y ejecución de sentencias.
No sería público, siendo administrado por la Procuraduría de Justicia y podrán tener acceso las autoridades electorales, quienes podrán cancelar registros de candidatos con antecedentes de violencia.
También lo podrían consultar autoridades de las Secretarías estatales de Salud y Educación, con objetivo de no permitir que personas con estos antecedentes legales, para evitar que laboren en esas dependencias.
Establece como requisito para las personas titulares de las áreas administrativas de a PGJEH, así como agentes del ministerio público, agente de investigación y personal policial el no estar inscrito en el registro de agresoras sexuales y violentadoras de género.
En la iniciativa se contemplan los delitos de feminicidio, violencia familiar, violación, embarazo no deseado a través de medios clínicos, esterilidad provocada y disposición de óvulos o espermas sin consentimiento, abuso sexual, violación a la intimidad, estupro, aprovechamiento sexual y hostigamiento sexual.
De acuerdo a la iniciativa, el registro contendrá, entre otros datos, el nombre completo, el alias de la persona, fecha de nacimiento, CURP, edad, nacionalidad, lugar de origen, domicilio, señas particulares, delito por el que fue sentenciado. Y tendrá la misma vigencia que la pena que le hubiera sido impuesta al imputado, acusado o sentenciado.
El funcionario estatal reiteró que el registro no será público, pues ya hubo un pronunciamiento por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que planteó que se viola la presunción de inocencia, aunque dijo no compartir el criterio, respeta el posicionamiento.
La iniciativa implica modificar diversos ordenamientos, entre ellos, la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Código Penal, el Código Electoral y la Ley de Seguridad Pública.
Datos de la PGJEH, señalan que durante 2022, se iniciaron 18 carpetas de investigación por feminicidio, mil 52 violaciones, 673 abusos sexuales y 6 mil 929 hechos de violencia familiar, siendo las víctimas mayor mente afectadas mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Por Daniel Martínez Martínez
