- Desafortunadamente las autoridades estatales se limitan a campañas informativas o registro de números telefónicos desde donde se cometen las extorsiones.
En el Observatorio Nacional Ciudadano, el 30 de noviembre, se presentó el estudio “La Extorsión Bajo el Caleidoscopio: muchas modalidades y pocas políticas públicas, una investigación que describe los distintos fenómenos delictivos, la respuesta institucional y ofrecer posibles soluciones.
En esta investigación se tiene la experiencia de las víctimas y las de los servidores públicos.es importante mencionar que de las 24 fiscalías y 25 secretarías de las que se obtuvo respuesta sólo Aguascalientes, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Sinaloa, entregaron información completa.
La única autoridad federal que contestó de manera incompleta fue la UIF y de 4 estados fue imposible recabar información: Chihuahua, Colima, Querétaro y Tlaxcala.
En la investigación se encontró que aunque la extorsión es un delito que afecta la sociedad, las víctimas tienen miedo a denunciar. La modalidad más común de extorsión es vía telefónica y normalmente es ejecutada por individuos, pequeñas bandas, delincuencia organizada, como autoridades, sindicatos y comunidades enteras. Lamentablemente es un delito en donde la impunidad es casi el 100 por ciento
De acuerdo con datos oficiales, el 2021 fue el año con la mayor tasa por cada 100 mil habitantes de víctimas de este delito y en los primeros 10 meses de 2022 ha seguido aumentando en 18.72%.
Con base al número de denuncias y víctimas que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el segundo peor año de la historia del país en materia de extorsión fue 2019; el tercero 2020; el cuarto 2018 y quinto 2015. De mantenerse la actual tendencia, una vez que termine 2022, los peores 4 años en materia de extorsión serán los de la actual administración del presidente López.
INEGI señala que en 2021 se cometieron 4,910,206 extorsiones y que de estas se denunciaron 246,138. De estos INEGI afirma que sólo en 128,976 casos se inició una carpeta de investigación.
A nivel federal no se percibe alguna estrategia; ninguna política anticorrupción que inhiba que las mismas fuerzas federales cometan extorsiones; ninguna reforma que fortalezca los procedimientos financieros y evite que los extorsionadores usen al sistema bancario impunemente. Muy pocas entidades han generado mecanismos para proteger al denunciante; actúan de oficio ante la noticia delictiva y son contados los casos de golpes a bandas completas.
En la mayoría de los casos la autoridad se activa sólo después de la denuncia formal; rara vez existen mecanismos para que una víctima pueda darle seguimiento a su denuncia y se logran muy pocas detenciones. En el peor escenario, las mismas autoridades disuaden la denuncia, revictimizan a quien denuncia o incluso ejecutan ellos mismos la extorsión.
