La Fiscalía Especial para Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República (PGR) investiga 200 casos de agresiones contra periodistas en diversas entidades del país.
El titular de esa dependencia, Ricardo Nájera Herrera, detalló que también se tienen 46 consignaciones, pero no hay detenidos por el delito de violar la libertad de expresión; se trabaja para cumplir las expectativas de la gente que tiene que estar sujeta a proceso.
El fiscalía especial fue entrevistado luego de participar en el foro “El Estado mexicano en las agresiones a periodistas”, que se llevó a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
“Ahorita tenemos 200 asuntos, no es mayor el problema; lo que sucede es que se analiza cuántos son los asuntos que tienen que ver con la libertad de expresión y cuántos no”, señaló el funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR).
“Por ejemplo, tenemos a un presidente municipal de Veracruz y otro de Yucatán que han sido consignados y ya están sujetos a proceso en cada una de las entidades, son por delitos menores, pero al final de cuentas en donde sí se pudo manejar la libertad de expresión.
“Por eso se consignó, y por eso el juez determinó que se le pudiera, en su momento, manejar que había una violación a la libertad de expresión”, explicó el servidor público.
Hay más denuncias en Veracruz, Oaxaca y Guerrero; en la primera entidad se ha tenido que ver con el sistema de alerta temprana, se ha trabajado con el fiscal del estado y con el secretario de Seguridad pública para encontrar una solución inmediata.
Mencionó también que hasta ahora no hay denuncias directas en esa fiscalía contra Javier Duarte de Ochoa, el gobernador con licencia de Veracruz, pero aseguró que en el momento que la haya y se puedan tener pruebas, “se trabajará con todo apego a la ley y lo que vamos a buscar es que se haga justicia”.
Nájera Herrera indicó que no solo existen casos presuntamente provocados por instituciones del Estado, gobernadores o presidentes municipales, sino también por organizaciones delincuenciales que comenten actos contra periodistas.
Explicó que a partir de una reforma constitucional se definió la libertad de expresión y la posibilidad para actuar federalmente contra cualquiera que la viole, pues antes de la modificación a la Carta Magna este campo de acción estaba limitado.
La Fiscalía Especial para Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión está lista para trabajar con el fin de revertir la imagen de que México es un país muy peligroso para ejercer el periodismo, para lo cual se necesita la labor conjunta de autoridades y periodistas.
El informador debe participar en las investigaciones, pues “no son bolitas mágicas los que resuelven los asuntos, es un esfuerzo de la sociedad para salir adelante, y ese es uno de los grandes tributos del nuevo Sistema Penal Acusatorio en nuestro país, el tener la posibilidad de seguir trabajando sociedad y autoridad”.
Este órgano dictó diversas medidas precautorias para proteger a periodistas, pero a partir de que surgió el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, “se trabaja de la mano con ellos” y se ha cubierto a más de 600 personas.
El fiscal Ricardo Nájera añadió que en ningún momento la instancia a su cargo ha rehuido de su trabajo, y por ello “las puertas de la fiscalía están abiertas todos los días del año, a todas las horas del año”.
Con información de Notimex
