- Se impondrán multas de 20 a 40 por ciento de la contribución correspondiente.
Comisiones legislativas del Congreso Mexiquense presididas por la diputada Mónica Álvarez Nemer de Morena aprobaron reformas para tipificar como delito la retención y/o la omisión en el entero de cuotas y/o aportaciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym), por parte de los sujetos obligados.
El dictamen en el que se reforma el Código Financiero del Estado de México y Municipios, expuesto por la diputada Myriam Cárdenas Rojas (PRI), se establece procedente que en el caso de que exista incumplimiento derivado de la omisión o de la persona titular o servidora pública responsable de enterar las cuotas de seguridad social retenidas a los trabajadores de instituciones públicas, se aplicará una multa de 20 a 40 por ciento de la contribución correspondiente.
Para el caso del delito de defraudación fiscal, cuando sea cometido por la persona servidora pública que en ejercicio de sus funciones omita total o parcialmente el entero de las cuotas o aportaciones de seguridad social, siendo responsable de ello, la pena que le resulte aplicable se aumentará hasta en una mitad más, según corresponda.
El dictamen establece que para proceder penalmente por delitos fiscales previstos en el Código Financiero, será necesario que cuando el delito de defraudación fiscal sea cometido por persona servidora pública que en ejercicio de sus funciones omita total o parcialmente el entero de las cuotas o aportaciones de seguridad social, siendo responsable de ello, presente la querella correspondiente la persona servidora pública del Issemym facultada para ello, en caso de incumplimiento, será sancionada en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
Durante la reunión de las comisiones de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas, la diputada Myriam Cárdenas detalló que la reforma abarca dos vertientes: el incumplimiento de las instituciones públicas en el pago de las aportaciones y la defraudación en contra de las y los servidores públicos, a quienes se les han hecho retenciones que no son reportadas al Issemym, actos graves que deben ser considerados delitos y reflejan debilidad en el proceso de control y fiscalización.
