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#Nacional | Propuesta de Reformas para Proteger a las ‘Nenis’ Emprendedoras

por Rafael Rodríguez
2 minutos leer
  • Se buscará evitar discriminación, persecución o criminalización de aquellas dedicadas de manera lícita a profesiones, industrias, comercio o trabajo desde sus hogares. 

La diputada Viridiana Fuentes Cruz, en representación del grupo parlamentario del PRD, ha propuesto reformas a la Constitución y la legislación local con el objetivo de proteger a las mujeres emprendedoras conocidas como “Nenis”. Esta iniciativa busca prevenir la discriminación, persecución o criminalización de aquellas que se dedican de manera lícita a profesiones, industrias, comercio o trabajo desde sus hogares, especialmente en el ámbito de las ventas por internet o catálogo.

En su exposición durante la sesión deliberante, la legisladora explicó que las “Nenis” son microemprendedoras que ofrecen bienes de uso cotidiano, alimentos o productos artesanales, y que no cuentan con un establecimiento comercial físico, ya que muchas de ellas son estudiantes o desempeñan roles continuos en el cuidado del hogar. Esta actividad económica a nivel nacional genera aproximadamente 9 millones de pesos diarios para 13 millones de hogares, según la diputada.

La propuesta, remitida a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como a la de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero, busca implementar reformas a las leyes de Fomento Económico y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Estas reformas pretenden que la autoridad fomente la participación activa de las mujeres en el sector empresarial mediante la creación de planes, programas y políticas públicas que brinden herramientas y recursos para fortalecer su autonomía económica.

Asimismo, la propuesta incluye medidas para garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, así como la seguridad y pronto acceso a la justicia de las víctimas de la delincuencia, actos de violencia institucional o faltas administrativas relacionadas con el ejercicio de su industria o actividad económica.

  

En este contexto, se plantea considerar como violencia institucional aquellos actos que busquen obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres, así como su libre desarrollo personal, económico y humano.

  

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