#OpiniónYAnálisis por #CynthiaValerianoLópez
Por: Cynthia Valeriano López
Esta semana la Cámara de Comercio Americana de México (ACCM) publicó los resultados del décimo sondeo sobre seguridad empresarial. El sondeo levanta los comentarios y perspectivas de CEO´s y altos ejecutivos o responsables de seguridad
de empresas pequeñas, medianas y grandes, nacionales y extranjeras, que nos dan una cierta fotografía de como perciben el entorno actual.
Los principales resultados presentados señalan que, 6 de cada 10 empresas consultadas se consideran algo o muy afectadas por la delincuencia, no solo de delincuencia organizada, sino también del fuero común, es decir, robo o asalto con
violencia a trabajadores, transportistas o proveedores, solo basta ver los múltiples casos que se presentan en los medios de comunicación, documentando asaltos en las carreteras del país.
Otro dato relevante tiene que ver con la cadena de suministro y distribución, ya que, el 12% de las encuestados consideran que el crimen organizado ha tomado el control parcial de la venta, distribución y formación de precios de los bienes y
servicios finales, auténticas historias de terror se relatan en las mesas y encuentros con empresarios que van desde la obligatoriedad para comprar los insumos en ciertas sucursales o establecimientos, normalmente a precios mas elevados que el resto del mercado, hasta el cobro de un “impuesto informal” por peso, volumen o número de viajes del centro de producción hasta el mercado.
A decir de los ejecutivos, el principal motivo de preocupación de las empresas en México es la seguridad de sus empleados, la seguridad de sus familias, los ataques cibernéticos o las ciber extorsiones y la seguridad física de sus instalaciones, en
pocas palabras, que los trabajadores puedan llegar desde su casa al trabajo y viceversa con seguridad, evitar que las cuentas bancarias, los datos sensibles de clientes y proveedores, los procesos industriales o el manejo de las nominas no sufran infiltraciones que los pongan en riesgo.
Por supuesto, no todas las regiones del país son percibidas de la misma manera, de hecho, entidades como Quintana Roo, Yucatán, Campeche o Baja California, mantienen los niveles de preocupación a causa de la inseguridad más bajos del país, mientras que Michoacán, Estado de México, Tamaulipas, Guanajuato y Jalisco, mantienen los niveles más altos.
¿Y que decir del Estado de Derecho?, como es de esperarse 8 de cada 10 empresas, consideran que éste se hace valer poco o nada en el país y un 85% considera que la ilegalidad les afecta en la operación, el tema se complementa con una elevada
percepción (81%) de que las leyes en México no se aplican y que las autoridades o instancias de gobierno relacionadas con la seguridad no se encuentran coordinadas.
¿Y que hacen las empresas para contrarrestar o reducir el impacto de este grave problema?
En primera instancia, han asumido como parte de sus costos el problema, destinan entre el 2 y 10% de sus recursos anuales a contratar servicios de vigilancia y seguridad en sus instalaciones, capacitar a sus trabajadores para prevenir actos delictivos, se vinculan de forma directa con autoridades locales para contar con líneas de emergencia, contratan servicios de prevención de ciber ataques, se afilian a cámaras u organismos empresariales para tener acceso a los servicios de manejo de crisis o de plano, contratan seguros contra robos, daños o ataques, cada vez más costos, para reducir el impacto de las perdidas.
Claro, no perdamos de vista que todas estas cifras y estrategias fueron compartidas por ejecutivos de empresas pequeñas a grandes, pero si esta es la realidad de aquellas que cuentan con economías de escala y mejores ingresos para enfrentar
estos desafíos, imaginemos la realidad que enfrentan millones de microempresarios con recursos y capacidades técnicas y operativas limitadas, desde las tortillerías, las carnicerías, los talleres o las tienditas de abarrotes hasta las microindustrias, que han tenido que renunciar incluso a sus emprendimientos para proteger a sus trabajadores y familias.
El sondeo no pudo presentarse en mejor momento, justo cuando estalla una protesta colectiva entre los productores de limón en Michoacán a causa de las extorsiones que han capturado la actividad económica y productiva de la entidad y que ha sido minimizada y justificada por el propio gobierno del estado como un comportamiento cuestionable que busca reducir la oferta para elevar el precio.
Casi 7 de cada 10 mexicanos y mexicanas percibimos nuestro entorno inseguro, salimos de casa, nos entretenemos, trabajamos y tratamos de llevar una vida ordinaria a pesar de ello. Nos hemos acostumbrado a la idea de, eventualmente,
sufrir un incidente, y agradecemos que este no implique un daño personal o familiar significativo, pero esto no es normal.
Normal es tener múltiples iniciativas emprendedoras que generan empleos y oportunidades para la sociedad sin temor a ser extorsionados, normal es salir a la escuela o al trabajo con las preocupaciones de la vida y el día a día a cuestas pero
no con la expectativa de ser asaltado, normal es que los jóvenes y los niños puedan divertirse, hacer deporte o tomar el espacio público sin riesgo a desaparecer, normal es que los gobiernos cumplan con la principal función y promesa que
provoca que estemos dispuestos a renunciar a una parte de nuestra propia libertad: brindarnos seguridad. Pero si el monstruo Leviatán sigue abrazando a aquellos que hacen del sufrimiento y la apropiación de lo ajeno un modo de vida, corren el riesgo, de que esa obediencia se fragmente y decida luchar con sus propios medios por garantizar su propia existencia.
Menuda tarea le espera a la próxima presidenta.
