- Se requiere que tanto el Poder Judicial como la Legislatura del Estado de México aclaren los montos señalados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En su tercera entrega del Informe de Resultados de la Cuenta Pública federal 2021, la Auditoría Superior de la Federación, cuantificó el importe de las observaciones realizadas tanto en el Poder Judicial Mexiquense como en la Legislatura Local. Ambos poderes recibieron señalamientos de la institución en auditorías de cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades.
El Poder Judicial del Estado de México recibió observaciones por un total de 80 millones 420 mil pesos por el incumplimiento de las disposiciones de la ley. Entre las irregularidades señaladas se encuentra la solicitud de aclaración por los recursos pagados por concepto de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, sin haber realizado la asignación de recursos en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021.
Además, se determinaron diferencias en los importes presentados en el formato 4 “Balance Presupuestario LDF”, correspondiente a los ingresos totales y egresos presupuestarios.
La Auditoría Superior de la Federación informó que, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México no incluyó en su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021, las proyecciones de sus finanzas públicas. Además, no presentó la desagregación de los conceptos utilizados para gastos asociados con la implementación de reformas a las Leyes Federales.
En el caso de la Legislatura, se encontró una observación que generó una cuantificación monetaria de 27 millones 909 mil pesos. Esta observación se debió al incumplimiento de las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera, que ocasionó una cantidad por aclarar por recursos pagados en exceso en el rubro de servicios personales. El Congreso registró recursos por encima del presupuesto originalmente aprobado, generando así un monto por aclarar.
A pesar de que la Legislatura proporcionó documentación para justificar una ampliación presupuestal y un incremento salarial, la ASF consideró que esta documentación no fue suficiente para solventar la observación y no se cumplieron las características de suficiencia, competencia y pertinencia.
La Contraloría del Poder Legislativo inició un procedimiento para determinar posibles responsabilidades y la ASF solicitó la documentación justificativa y comprobatoria del incremento en servicios personales.
En consecuencia, se requiere que tanto el Poder Judicial como la Legislatura del Estado de México aclaren los montos señalados por la ASF.
