- Se presentó en la legislatura local una serie de reformas conocidas como la ‘Ley Sabina’ con el propósito de asegurar que los deudores alimentarios cumplan con sus responsabilidades hacia sus hijos.
La diputada Karina Labastida Sotelo, en una sesión del pleno de la legislatura local, presentó un conjunto de reformas conocidas como la “Ley Sabina” con el objetivo de garantizar que los deudores alimentarios cumplan con su obligación de satisfacer las necesidades de sustento y supervivencia de sus hijos.
Labastida Sotelo destacó que según el Director General del Registro Civil del Gobierno del Estado de México, desde su creación hasta la fecha, se han registrado un total de 561 personas como Deudores Alimentarios Morosos, de las cuales 534 son hombres y 27 mujeres. Esto significa que el 95 por ciento de los deudores alimentarios son hombres.
Una de las reformas clave incluidas en esta propuesta es la creación de un Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Este registro tiene como objetivo centralizar la información sobre los deudores y acreedores de obligaciones alimentarias y utilizar los sistemas y herramientas tecnológicas del Sistema Nacional DIF para su gestión.
Además, la reforma establece requisitos adicionales en varios procedimientos y trámites. Por ejemplo, será necesario presentar un certificado de NO inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para realizar procedimientos como la obtención de licencias y permisos de conducción, la solicitud de pasaportes, documentos de identidad y viaje, y para participar como candidato en cargos concejiles y de elección popular. También será requerido para el proceso de selección de jueces o magistrados a nivel local y federal.
El requisito del certificado de no deudor también se aplicará en trámites ante notarios públicos relacionados con la compraventa de inmuebles y en solicitudes de matrimonio, donde el juez informará a los contrayentes si alguno de ellos está registrado y su situación en relación con las obligaciones alimentarias.
Además, la reforma establece que para ocupar cargos públicos, como el de Gobernador, diputado, miembro de un ayuntamiento, magistrado o aspirante a notario, será necesario no estar inscrito en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
Esta iniciativa de ley lleva el nombre de “Ley Sabina” en honor a la principal impulsora, Diana Luz Vázquez. La propuesta recibió el respaldo de madres y sus hijos cuyos acreedores no han cumplido con los pagos de pensión alimenticia. La legislación busca no solo garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, sino también fomentar una cultura de legalidad y solidaridad familiar.
