1000 millones de pesos costarían indemnizar a la concesionaria CAASA. A decir de diputados locales sería una deuda que el ayuntamiento no podría costear, y es que cabe resaltar que la empresa de origen francés desde 1993 brinda el servicio en nuestro estado, ya que para algunos ciudadanos sigue sin cumplir.
Luego de la declaración de la alcaldesa Tere Jiménez en donde informó que CAASA se iría, no será sino hasta el año 2023 cuando se termine el contrato.
“Estamos en descontento con la prestación de los servicios y de que estamos del lado de los ciudadanos, por lo cual no es procedente su permanencia aquí en Ags. Quiero decirles a los ciudadanos que estoy del lado de uds, y lograremos tener cobros justos, pues he tomado esta decisión y no afecta a la prestación del servicio, y a través de la CCAPAMA se supervisen los pozos. Reitero que mi prioridad es el bien de la ciudadanía”.
Sin embargo sería trabajo de la próxima administración determinar si la concesionaria se va o se queda
“Desde mis recorridos en campaña en estos dos años que llevo en la presidencia municipal, he recibido infinidad de quejas y por lo anterior la empresa CAASA puede ir haciendo sus maletas, se va y no hay marcha atrás, porque lo más importante son los ciudadanos, estoy con Ags y lucharemos para que la gente tenga servicios de calidad para que la gente tenga abasto para hoy y las futuras generaciones”.
