El presidente de la junta de coordinación Política en el Congreso local, Maurilio Hernández, planteó revisar los montos solicitados por el Ejecutivo Estatal para construir dos penales y rehabilitar una red carretera pues aunque se trata de proyectos necesarios, la cifra es escandalosa.
Los 43 mil millones de pesos de financiamiento para tres proyectos de obra pública que ha solicitado el gobierno del Estado de México serían inviables, consideró el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local, Maurilio Hernández González tras señalar que el análisis de esta propuesta ya está en comisiones.
Aunque en la solicitud de autorización que el ejecutivo mandó a los diputados locales para contratar el financiamiento se explica que se pretende construir un penal en Otumba y otro en Ixtapaluca, con un monto de 15 mil millones de pesos cada uno, así como rehabilitar una red carretera al sur de la entidad con 13 mil millones de pesos, el legislador consideró que existe un error en la información, pues para dichos proyectos, esta inversión sería escandalosa.
Destacó que la legislatura mexiquense tiene datos distintos sobre la inversión requerida y que por ello se hará una revisión puntual del monto de deuda que se está proyectando en espera de que se esclarezca el monto total de los proyectos, pues destacó que se trata de obras necesarias para mejorar la comunicación con el sur y atender la sobrepoblación en los centros penitenciarios del estado.
“Tenemos entendido que no es en esa proporción, eso sería intransitable desde luego, pero habría que revisar, yo creo que el fondo hay que atenderlo, el cómo eso es lo que tendría que resolver la Legislatura”.
Señaló que para resolver la duda que se ha generado sobre el financiamiento solicitado por el gobernador Alfredo del Mazo, se solicitará a la Secretaría de Finanzas que acuda a la Legislatura exponer el monto de inversión que requieren los tres proyectos de obra pública y con base en ello las comisiones legislativas puedan definir si se autoriza o no.
Cabe mencionar que según la iniciativa enviada por el Ejecutivo, los tres proyectos se realizarían a través de la figura conocida como Asociación Público Privada (APP), por lo que se prevé que su de inversión, operación y mantenimiento esté a cargo de particulares durante un periodo de 25 años en el caso de los penales 12 años en la red carretera.
Alberto Dzib
@albertodzib666
