Violeta García Rojas
El Gobierno del Estado, una vez que asumió la Seguridad en el Municipio de San Miguel Xoxtla, tras el asesinato de dos Policías Municipales, que carecían de armas, debido a que la Autoridad Municipal sigue con los trámites reglamentarios, ante las instancias correspondientes, el Gobernador Sergio Salomón Céspedes llamó a los ediles a invertir en la Seguridad y en certificar a su estado de fuerza Municipal. Precisó que la seguridad es una lucha constante, de todos los días, y están reflejados los resultados, con detenciones de personas que han cometido delitos. Aseveró que el estado de fuerza de la Secretaría de Seguridad Pública está desplazado en los 217 Municipios de Puebla.
“Se trabaja por que los Ayuntamientos certifiquen a sus mandos y el Gobierno del Estado cubre, en una primera etapa, donde se tengan mandos certificados”. En este sentido, puntualizó que se ha destinado una importante inversión en la adquisición de armamento, uniformes, equipo y patrullas, para dotarlos a las Autoridades Municipales, que se han preocupado por invertir en la Seguridad, no sólo en mantener en buenas condiciones salariales a sus policías y en equipo. Si no, también, en infraestructura de videovigilancia, con la instalación de Centros de Monitoreo y Videovigilancia. En torno a la situación de San Miguel Xoxtla, Sergio Salomón Céspedes subrayó que sostuvo comunicación con la Alcaldesa, Guadalupe Ortiz Pérez, y se ha revisado cómo se ha manejado la seguridad.
Y es que, a raíz del asesinato de dos policías, la semana pasada, se presentó la renuncia masiva de elementos policiacos. Una vez que arribaron elementos de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) Estatal a la demarcación, para mantener la paz de la zona, se ha solicitado a la Alcaldesa a realizar la contratación de Policías. El asesinato de los Policías Municipales puso en evidencia que, entre algunas Autoridades Municipales, aún carecen de los permisos y licencias, que Autoridades Federales y castrences emiten, como fue el caso de los dos elementos que no tenían armas. Pero, además, no estaban inscritos en el Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública y carecían de evaluaciones de control de confianza vigentes.
