Tulancingo de Bravo, Hidalgo.- A una semana de iniciar el mes de diciembre, y a casi un mes de realizada reunión entre alcaldes de todo el estado de Hidalgo con autoridades federales y estatales para solicitar liberación de oficios de obra pública, no ha existido respuesta alguna, por lo menos, para una extensión en el plazo de contratación y ejecución.
Lo anterior fue confirmado por el alcalde Fernando Pérez Rodríguez, quien dijo conocer de gestiones que ha realizado el gobernador Omar Fayad Meneses para resolver el tema, pero sin resolución hasta el momento.
En la misma situación se encuentran prácticamente todos los municipios no sólo del estado de Hidalgo, sino del país, pues si bien cuentan en la mayoría de los casos con los recursos económicos para contratar y ejecutar, no han sido liberados los oficios respectivos por parte del gobierno federal.
En el caso de Tulancingo, en caso de no llegarse a una solución al tema, que puede ser una extensión de plazos para los procesos administrativos, y la propia ejecución, tendrán que ser devueltos alrededor de 24 millones de pesos.
Con dichos recursos se tiene considerada la realización sobre todo de obras de infraestructura, como construcción de banquetas y guarniciones, pavimentaciones, así como introducción de redes de agua potable y drenaje, junto con electrificaciones en diversos puntos del municipio.
El funcionario reconoció que en el proceso y gestión para la liberación de los oficios de autorización, y con ello el uso de los recursos públicos, ha existido el acompañamiento de Abraham Mendoza Zenteno, delegado especial en el estado de Hidalgo para programas sociales.
Por ello, consideró que en el tema debe existir una responsabilidad compartida para resolverlo.
Pérez Rodríguez señaló que uno de los factores que ha implicado la falta de liberación de los oficios para autorizar la obra pública, fue el constante cambio de reglas de operación, lo que a su vez implicó nuevas capacitaciones para el personal a cargo de los trámites y seguimiento.
En ese sentido, dijo que está de acuerdo en el establecimiento de candados para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos, pero que debe considerarse que en caso de cancelarse obras o proyectos públicos, será la población la primera afectada.
Por Daniel Martínez Martínez
