#SociedadCivil #Amnistía #PoderJudicial
- ONG’s identificaron algunos obstáculos de carácter administrativos como el hecho de que en las ventanillas el personal no recibe el acta de nacimiento bajo el argumento de que no es del formato solicitado
Toluca, México.- El Observatorio de Amnistía concluyó que ha habido opacidad en la transparentación del proceso, además de que se han enfrentado a obstáculos al hacer las solicitudes, a dos meses de que se puso en marcha la Ley de Amnistía del Estado de México y que se informó sobre la salida de la cárcel los primeros beneficiarios.
En el documento “Primer Informe sobre la Operatividad de la Ley de Amnistía en el Estado de México”, se dio a conocer que las propias autoridades no han sido claros con dar a conocer datos o indicios sobre los presuntos beneficiarios de la ley, de quienes no existe registro indicando las circunstancias y los procedimientos en su caso para ser liberados.
Indicaron que si bien el 26 de marzo se anunció que salió el primer amnistiado y hasta el 25 de abril había 50, según comunicados del Poder Judicial, desconocen hasta el momento la forma en la que fueron beneficiados.
Asimismo, identificaron algunos obstáculos de carácter administrativos como el hecho de que en las ventanillas el personal no recibe el acta de nacimiento bajo el argumento de que no es del formato solicitado. También es recurrente que se prevengan las solicitudes bajo el argumento de que alguna copia del expediente no es legible.
Otro argumento para negar la amnistía está el hecho de que quienes fueron acompañados o presentados por organizaciones defensoras de derechos humanos les dan el argumento de que sus defensores no acudieron a protestar el cargo, cuando la ley establece que los que protestan son los defensores públicos.
Otro argumento recurrente para desechar las solicitudes es la negativa de los jueces a pedir la constancia de primo delincuente del solicitante aún cuando están facultades para hacerlo.
Advirtieron que de manera preocupante han observado una serie de incongruencias de fondo que de seguir invocándose, no solamente violarían el espíritu de la Ley, sino que limitarían de forma arbitraria y dolosa el cumplimiento de los objetivos de la misma para garantizar el acceso a la justicia social a quienes por razones de vulnerabilidad se encuentran privados de la libertad.
También señalaron el caso de las reparaciones del daño que se han fijado y que se deben pagar para poder ser beneficiarios, las cuales constan de montos desproporcionales al delito cometido, que se convierten en un verdadero obstáculo para los que buscan acogerse a la normatividad.
Asimismo, se han desechado solicitudes bajo el argumento de que los solicitantes deben esperar a que se resuelva amparos o apelaciones, cuando la Ley establece que no importa la parte del proceso penal en la que se encuentre.
Demandaron mayor opacidad en la operatividad de la Ley de Amnistía pues no hay transparencia en cuando a cómo se lleva a cabo el proceso de evaluación de las solicitudes, los datos de quienes son beneficiarios, entre otros.
Entre las recomendaciones están que al momento de la entrega de la documentación se advierta si deben entregarse algo en mejor calidad o definición y que se admitan los formatos actuales de las actas de nacimiento, difundir más la ley en los penales y emitir mayores datos.
