Pachuca de Soto, Hidalgo.- La Secretaría de la Contraloría en Hidalgo investiga si las medidas de inhabilitación aplicadas durante la anterior administración estatal estaban sustentadas, o fueron aplicadas a funcionarios que buscaban algún cargo de elección popular y con la medida se les obstaculizaba en dicha aspiración.
El director general de Combate a la Impunidad de la Secretaría de Contraloría, Jorge Eduardo Crespo Ramírez anunció con ello que se revisarán los procesos de inhabilitación durante la administración del entonces gobernador Omar Fayad Meneses.
“No es que lleguemos con una ‘varita mágica’, pues al final son actos de la autoridad, y que les demos revés; (…) depende en que etapa procesal se encuentre, en que vías se encuentre, lo más importante es que la ciudadanía que fue sujeta a esa cacería y a ese arbitrio por parte de la autoridad, entienda una cosa, en el actual gobierno no se defiende lo indefendible”.
Explicó que los procedimientos administrativos de responsabilidad poseen diversos medios de defensa, incluso algunos están a punto de concluir su fallo o ya culminaron sus plazos.
Por su parte, Álvaro Bardales Ramírez, titular de la contraloría estatal, dijo que tras la creación de la Dirección General de Combate a la Impunidad del Estado, muchos ex aspirantes a cargos de elección popular que tuvieron algún tipo de problema o conflicto con la administración anterior, se han acercado para dar a conocer sus casos.
“Nos han señalado: ‘yo fui candidato o aspirante y la forma en la que me quitaban era iniciándome un procedimiento administrativo de responsabilidad… hemos procedido a revisar esos casos y, déjame decirte, han sido diversos los caminos que cada uno de ellos ha tenido”, expresó.
En todos los casos dijo, “procedemos a rehacer el análisis cuando un servidor público se queja que fue injustamente tratado y hacer los análisis correspondientes”, dijo, y, en caso de que se confirme que la inhabilitación fue injustificada “vamos a acudir contra quien injustificadamente le inició un procedimiento de responsabilidades”.
Durante los procesos electorales del 2020 y 2021, principalmente, trascendieron señalamientos de partidos políticos del presunto uso faccioso y bajo consigna política de la Secretaría de Contraloría, entonces encabezada por César Román Mora Velázquez.
La dependencia aparentemente imputaba sanciones graves de carácter administrativo con el objetivo de impedir a servidores públicos que formalizaran sus registros como candidatos.
Por Daniel Martínez Martínez
