#Opinión de #Dr.ArturoArgenteVillarreal
Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno.
Tec de Monterrey.
Como parte del Plan Nacional de Seguridad 2018-2024 que se plantea para enfrentar un conflicto armado que se tiene desde hace años con el narcotráfico, se crea la Guardia Nacional y el otorgamiento de amnistía a los grupos delictivos.
En 2020, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Amnistía como uno de los ejes de la política de seguridad sexenal de López Obrador. Este Plan contempla la opción de otorgar una segunda oportunidad a los presos que hayan sido torturados, que tengan más de 65 años o lleven más de 10 años sin sentencia, por lo que se estima que puedan ser más de 94 mil.
De acuerdo con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), hasta marzo de 2021, en México hay 219 mil 117 personas privadas de su libertad.
Los mexicanos que podrían verse beneficiados por esta propuesta que analiza la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador para liberar a detenidos necesitan cumplir estas condiciones: Los detenidos por más de 10 años sin una sentencia, en prisión preventiva; adultos mayores de más de 75 años, que no hayan cometidos delitos graves; adultos mayores de 65 años con alguna enfermedad crónica y que no hayan cometidos delitos graves; y presos que hayan sufrido algún tipo de tortura de acuerdo con el protocolo de Estambul.
La Ciudad de México y el Estado de México son los que más población de adultos mayores registran en sus centros penitenciarios con 765 y 518, respectivamente.
La amnistía se ha dado en otros países como Irlanda, el país vasco, El Salvador y Colombia en donde se ha otorgado el perdón bajo términos bien consolidados, pero el conflicto en México es completamente diferente a los anteriores, ya que las razones que existen en nuestro país tiene un fondo comercial de mucho éxito, cómo es la venta de estupefacientes.
La propuesta de la amnistía del gobierno actual debe de atender varios factores como el respeto a la autonomía de la Fiscalía en el tema del desistimiento de la acción penal; y que el indulto, como el reconocimiento de inocencia requieren de una sentencia definitiva.
En este tema, no se puede dejar a un lado el tema de responsabilidades que se derivan de las desapariciones de los civiles, que han perdido su vida en esta guerra ante el narcotráfico y que no comprende simplemente a los miembros de los diversos grupos delincuenciales, sino también a los representantes del estado como policías, alcaldes y miembros de las fuerzas armadas que tienen diferentes grados de responsabilidad. No olvidemos que parte del fracaso que enfrentamos ante la guerra del narco, es que el gobierno mexicano ha concentrado sus operativos de seguridad y su capacidad de administrar justicia en perseguir a los consumidores y a los campesinos cultivadores. Este proceder nos ha condenado a no lograr desarticular las redes criminales que realmente controlan un negocio muy exitoso.
