Pachuca de Soto, Hidalgo.- Ante la que anticipan será la mayor crisis social y económica del país, las delegaciones de Canacintra Pachuca y Tizayuca demandaron la puesta en marcha de un Acuerdo Nacional de Emergencia Económica.
De acuerdo con ambos organismos empresariales, los riesgos globales derivados de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, la caída en los precios internacionales del petróleo y la volatilidad de los mercados, ponen en riesgo la producción, el abasto, las inversiones y el empleo del que dependen millones de familias mexicanas.
En conferencia de prensa ofrecida esta mañana, sus presidentes, Elvia Noriega Hernández y Armando Cruz Hernández, hicieron notar que a pesar de que la emergencia sanitaria se encuentra en fase 2, ya ha impactado fuertemente los mercados y las previsiones económicas, de tal forma que se proyecta un decrecimiento importante en la economía para 2020.
La propuesta de Canacintra consta de 10 puntos para hacer frente a la emergencia, que son los siguientes: que el gobierno subsidie las cuotas del IMSS y vivienda, compensación de impuestos durante 2020, eliminación de pagos provisionales de ISR y resolver las devoluciones de IVA presentadas antes de marzo.
También proponen emplazar a 90 días la presentación de la declaración anual, deducción fiscal inmediata de inversiones de capital de trabajo, financiamiento directo a la banca de desarrollo a pequeñas y medianas empresas, asignación de cadenas productivas sustituyendo importaciones de producto nacional, crédito a 90 días en el pago de energía eléctrica y suspensión de autorías por parte de gobierno.
Además, piden pago de contado a proveedores de gobierno y la creación de un fondo de apoyo a las micro, pequeña y median industria del país haciendo uso de recursos de contingencia y subejercicios.
Los empresarios también expresaron su rechazo a la consulta pública que frenó la instalación de la empresa Constellation Brands en Mexicali. Lo anterior, por considerar que esa medida va en contra de la libertad de empresa y violenta el estado de derecho.
Por Daniel Martínez Martínez
