Con 377 votos a favor, 96 en contra y 5 abstenciones, se reformó el artículo 19 constitucional, aumentando el número de conductas que ameritan privación de la libertad oficiosa,
Con 377 votos a favor, 96 en contra y 5 abstenciones el pleno de los diputados aprobó en lo general y particular, el dictamen que reforma el artículo 19 constitucional, que inserta en el catálogo de delitos que ameritan privación de la liberta oficiosa.
Ahora los delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos; el uso de programas sociales con fines político electorales; la corrupción; el robo a casa habitación; robo a transportes de carga; feminicidio; abuso o bien materia de armas de fuego y explosivos, ameritan que los “presuntos” culpables sean encarcelados y enfrenten sus procesos desde prisión.
La aprobación de la reforma resultó de una discusión complicada en el momento de la discusión de las reservas, incluso la tribuna fue tomada por la oposición, que llamada a los diputados de MORENA a no tener miedo y votar en contra de la misma.
La diputada priista María Alemán Muñoz Castillo calificó como una “payasada” el haber invitado a especialistas sobre el tema sin atender sus propuestas; advirtió a Morena que “pagará la factura” de lo que llamó una “simulación” al optar por la prisión preventiva, cuando esta medida no solucionará el problema delictivo de fondo.
En los votos en contra se contó el del coordinador blanquiazul, Juan Carlos Romero Hicks, quien aseguró que se agudizará la crisis del sistema penitenciario.
El diputado de Morena, Sergio Gutiérrez luna respondió que la situación de emergencia del país amerita medidas severas.
En contra se alinearon los priistas comandados por René Juárez, salvo 7 de ellos quienes votaron a favor, como Rubén Moreira y el militar en retiro, Benito Medina.
Antes del debate de hoy, el bloque opositor conformado por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano publicaron en la gaceta de la Cámara de Diputados una reforma alternativa para evitar la imposición automática de la prisión preventiva, para obligar al ministerio público a investigar los delitos antes de solicitar la privación de la libertad.
Con información de Excelsior
