Cabe señalar que, este método, contemplado en el nuevo sistema de justicia penal, y ha sido impulsado de manera coordinada con el Gobierno federal.
El gobierno estatal apuesta por el programa que permite que personas que cometen delitos no graves bajo el influjo de las drogas sean evaluados por abogados del Instituto de la Defensoría Pública y Derechos Humanos, psicólogos, médicos y por un juez del Tribunal de Tratamiento de Adicciones para determinar si es viable la solicitud de suspensión condicional del procedimiento a prueba para personas que presentan abuso y dependencia a sustancias psicoactivas.
Guadalupe Ruiz, directora del Instituto de la Defensoría Pública, explicó que una vez que se aprueba la solicitud, los imputados deben cumplir con la condición de completar su tratamiento.
A cambio, son liberados sin antecedentes.
