Pachuca de Soto, Hidalgo.- El gobierno del estado de Hidalgo sigue evaluando los proyectos y obras a desarrollarse con recursos presuntamente manejados de forma irregular, y que han sido recuperados.
Esther Ramírez Vargas, secretaria de Hacienda estatal, aseguró que el Instituto Hidalguense para Devolver al Pueblo lo Robado ya tiene los recursos económicos recuperados, por aproximadamente cien millones de pesos.
Los recursos económicos fueron recuperados en el marco de las investigaciones respecto al presunto manejo irregular de dinero público, en los que se detectaron desvíos por más de 500 millones de pesos.
La funcionaria señaló que para poder autorizar un recurso se debe de contar con el expediente técnico correspondiente a los proyectos que beneficien a la población.
Señaló que la Junta de Gobierno del Instituto sesiona conforme lo establece la Ley de Entidades Paraestatales, por lo que cada se efectúa una sesión.
“Ya llevamos la primera sesión, fue la de instalación, y se estará llevando a cabo en dos semanas, a lo máximo, la del primer trimestre del año”, señaló.
Ramírez Vargas aseguró que se está trabajando en coordinación con el Instituto Hidalguense para Devolver al Pueblo lo Robado, y su titular, Carlos Arturo Sánchez Lugo, para definir en qué proyectos, programas y obras que se utilizaran esos recursos.
“Se está trabajando en eso, pero, para poder autorizar un recurso se debe de contar con el expediente técnico correspondiente”, dijo, y agregó que en dos semanas sesionará la junta de gobierno del referido instituto en la que se abordarían estos temas.
Los primeros alcaldes involucrados en la llamada Estafa Siniestra detenidos en noviembre del año pasado fueron los de Epazoyucan, Huautla, Yahualica y Nopala de Villagrán, a quienes se les señala por la malversación de 172 millones 978 mil 65 pesos, recurso que fue desviado, presuntamente, a través de empresas fachada, una de ellas del estado de Oaxaca.
Santiago Nieto Castillo, encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), informó que a los cuatro alcaldes se les imputan los delitos de peculado agravado y uso ilícito de atribuciones y facultades en agravio de la administración pública.
Por Daniel Martínez Martínez
