“Cristalazos”, robo de autopartes y sustracción de valores, serán delitos graves, también los robos a unidades económicas tanto comerciales como productivas y de servicios, lo cual se castigará con penas de cinco a 10 años de prisión y de uno a tres veces el valor de lo robado
CRISTALAZO Y ROBO DE AUTOMOTORES ESTACIONADOS SERÁN DELITOS GRAVES
La ruptura de cristales, la violación de sus sistemas de seguridad o antirrobo, la sustracción de autopartes y valores diversos, como equipaje, y la inhibición de sus sistemas de geolocalización, así como llevar a cabo el hurto cuando los vehículos estén estacionados con o sin ocupantes, serán considerados como delitos graves y con lo cual se asegura la prisión preventiva.
Así lo establecen las reformas al Código Penal del Estado de México aprobadas por unanimidad de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia de la 60 Legislatura mexiquense, las cuales deberán ser ratificadas por el Pleno legislativo antes de adquirir vigencia.
Actualmente el Código Penal de la entidad ya considera como agravantes en el delito de robo causar la muerte del o los sujetos pasivos; la violencia física, moral y sobre los bienes; la participación de más de dos sujetos activos; la presencia de menores, mujeres, adolescentes o adultos mayores, y el que se lleve a cabo en unidades de transporte público, entre otras.
HASTA 10 AÑOS POR ROBO A UNIDADES ECONÓMICAS, AVALAN COMISIONES LEGISLATIVAS
Establecer como delito grave el robo a unidades económicas tanto comerciales como productivas y de servicios, con penas de cinco a 10 años de prisión y de uno a tres veces el valor de lo robado sin exceder mil 500 días-multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por la comisión de otros delitos, aprobaron por unanimidad las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Seguridad Pública y Tránsito de la 60 Legislatura mexiquense.
La reforma al artículo 290 del Código Penal se complementa con una modificación al artículo 20 de la Ley de Seguridad, ambos del Estado de México, para agregar, como atribución de los ayuntamientos en materia de seguridad pública, el dictar políticas para implementar acciones coordinadas entre el ámbito público y privado con el objeto de prevenir actos delictivos.
En la sesión de trabajo, presidida por el diputado Sergio García Sosa, la legisladora proponente, Karla Leticia Fiesco García (PAN), señaló que se trata de atacar un delito que tanto en el ámbito nacional como estatal va al alza. Añadió que diariamente se abren 33 carpetas judiciales de investigación por estos delitos que en los últimos cinco años han crecido 184%, en tanto que de noviembre del año pasado a la fecha se han iniciado más de tres mil.
Añadió que según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas de 2017, se han reportaron casi un millón y medio de estos ilícitos, con pérdidas y costos en seguridad por más de 163 mil millones de pesos, casi 70 mil por negocio. Por lo anterior, dijo, es necesario redoblar esfuerzos para combatirlo.
