Con pañuelos verdes y azules que se colocaron en las curules, la mayoría de los diputados locales se dividieron por la reforma al Código Penal que pretende establecer medio año de cárcel o de 100 a 300 días de trabajo comunitario, cuando una mujer decida interrumpir su embarazo.
Lo anterior ocurrió en el desarrollo de la sesión del Poder Legislativo, donde grupos a favor de la vida y personas que están a favor del aborto, intercambiaron una manifestación para expresar su opinión sobre este particular.
Durante la exposición de motivos, la diputada local del PRI, Rocío García Olmedo confió que el tema saldrá en comisiones y aclaró que su propuesta busca no criminalizar a las mujeres, que recibirán alguna sanción de cárcel o trabajo comunitario ante la interrupción del embarazo.
Reconoció que el tema causará mucha polémica entre los diversos sectores de Puebla, pero también dijo que si los hombres están preocupados por el derecho a la vida, sería bueno que analicen el abandono paterno.