- La Semarnat coordinó la presentación de un informe en el que se destaca el trabajo realizado durante 20 meses para lograr el cumplimiento del Decreto presidencial.
A través de la coordinación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se presenta un Informe de Avances para el cumplimiento del Decreto presidencial que establece las acciones que deberán realizar las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Federal (APF) para sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación del glifosato y de los agroquímicos utilizados en nuestro país que lo contienen como ingrediente activo.
En el informe se detalla el trabajo conjunto implementado en el periodo del 1 de enero de 2021 al 31 de agosto de 2022, por parte de la Semarnat, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), a través de la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria (SAA); el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
El avance del Gobierno de México ha sido constante en la implementación de acciones coordinadas que coadyuvan a la reducción gradual del glifosato para lograr su eliminación total en 2024 y en la protección del maíz como patrimonio biocultural, tal y como lo establece el Decreto.
Destacan los esfuerzos de investigación del Conacyt, la coordinación con la Cofepris y las actividades de difusión, capacitación, acompañamiento técnico e impulso a proyectos productivos agroecológicos por la SAA y la Semarnat que ha permitido llegar a cerca de 142 mil personas en todo el territorio nacional.
Evolucionó la cota de importación de glifosato emitida por el Conacyt, la cual se redujo 50%, y con base en la tendencia de solicitudes presentadas al segundo trimestre de 2022, se proyecta un sub-aprovechamiento del monto total autorizado, lo que facilitará el cumplimiento.
El Gobierno de México, a través de las dependencias de la APF, trabaja de manera coordinada para garantizar su efectiva aplicación y para hacer valer el derecho a un medio ambiente sano por encima de cualquier interés económico.
