Líderes de organizaciones destacan que con la negociación alcanzada se evitará pérdida de empleos y cargar gastos innecesarios a las empresas
El acuerdo entre representantes de la iniciativa privada y el gobierno de México para regular la subcontratación también conocida como outsourcing, fue celebrada por los líderes de los principales organismos empresariales del Estado de México, en coincidencia de que la negociación alcanzada evitará pérdida de empleos y costos adicionales para las unidades económicas.
Aunque el año pasado el Ejecutivo presentó una propuesta legislativa para prohibir todo tipo de outsourcing, el nuevo acuerdo establece que las empresas podrán recurrir a esta herramienta siempre y cuando no se intente cubrir la actividad preponderante de la unidad económica, sino se trate de servicios compartidos o especializados, por lo que la subcontratación en rubros como la contabilidad, seguridad, limpieza, mantenimiento o representación legal, sí estará permitida.
Jesús Trigos Rodríguez, presidente de la COPARMEX en la entidad, destacó que con esta modificación al proyecto original se evitará que más de 4.6 millones de personas en el país se queden sin empleo y permitirá que las empresas sean más competitivas, ya que se podrán concentrar en su actividad primordial y subcontratar servicios para actividades secundarias.
“Esto nos va a facilitar el ser más competitivos, el no tener cargas cuando no es una actividad preponderante, no distraernos en otras actividades que no son nuestra labor”.
El presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del estado, Gilberto Sauza Martínez, coincidió con que el acuerdo evita que las empresas asuman costos excesivos por servicios que no constituyen su actividad primordial, por lo que se ve adecuado que exista una reflexión en torno a la primera propuesta y sólo quede prohibido el outsourcing para las empresas que buscan evadir responsabilidades con empleados.
“Esto es un tema importante y de agrado para el sector económico: es imposible cargarle esos costos a una unidad económica cuando lo único que provocaríamos sería un incremento al valor o costo de los bienes y servicios a prestar”.
La presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del estado, Laura González Hernández, también celebró que se haya logrado el acuerdo y dijo que con éste, las empresas tendrán la posibilidad de mejorar su competitividad ya que éstas no son especialistas en todas las materias y requieren de la contratación de servicios externos.
Los representantes del sector económico indicaron que por ahora sólo se esperará que haya una adecuada redacción a las reformas que deberán ser revisadas y aprobadas en el ámbito legislativo, pero se confía en que el resultado será positivo a partir de lo que ha dado a conocer el gobierno federal sobre el acuerdo que también contempla establecer un tope de 90 días para el reparto de utilidades entre los trabajadores de las empresas.
Alberto Dzib
