La reforma a la Ley Estatal de Educación impide el uso de términos no normativos en aulas de nivel básico, desatando un fuerte debate sobre inclusión y libertad de expresión.
El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó una reforma a la Ley Estatal de Educación que prohíbe expresamente el uso del lenguaje inclusivo en planteles educativos de nivel básico, tanto públicos como privados con reconocimiento oficial. La modificación se centra en el artículo 8º de la ley, donde se establece que las autoridades educativas deberán promover el uso correcto del idioma español, de acuerdo con las reglas gramaticales y ortográficas reconocidas oficialmente.
La iniciativa fue defendida bajo el argumento de que el uso del lenguaje inclusivo introduce ambigüedades en el proceso de enseñanza y aprendizaje, lo que afectaría la claridad del idioma y la formación lingüística de los estudiantes. Quienes impulsaron la reforma sostienen que el objetivo es proteger la estructura formal del español y evitar que los contenidos escolares se vean influidos por corrientes ideológicas o expresiones que no están normadas por instituciones académicas del lenguaje.
Sin embargo, la aprobación ha desatado un intenso debate. Diversos sectores consideran que la medida atenta contra los principios de inclusión y reconocimiento de la diversidad de género. Para sus críticos, negar el uso del lenguaje inclusivo significa invisibilizar a personas no binarias y limitar la libertad de expresión dentro del espacio educativo. Además, advierten que la reforma podría abrir la puerta a prácticas discriminatorias al no reconocer otras formas de nombrar identidades fuera del binarismo tradicional.
La redacción legal no contempla sanciones específicas ni establece mecanismos de control para garantizar el cumplimiento de la prohibición, lo que ha generado interrogantes sobre cómo será aplicada en la práctica. Pese a ello, la reforma ya ha sido aprobada y se espera su publicación oficial para entrar en vigor en los próximos días, marcando un precedente en el país sobre la regulación del lenguaje en entornos escolares. La medida sitúa a Chihuahua como el primer estado mexicano en adoptar una postura legal explícita contra el lenguaje inclusivo en la educación básica