José Guadalupe Luna Hernández, Comisionado del Infoem, señaló que los ciudadanos se han convertido en aliados para constatar que las autoridades realicen sus actividades de acuerdo con la Ley
El derecho de acceso a la información pública es una herramienta que representa la igualdad de oportunidades para recibir y compartir, precisamente, información, por lo que resulta muy importante contar con documentos organizados y actualizados que permitan que la ciudadanía sea vigilante del correcto actuar de los gobiernos, dijo José Guadalupe Luna Hernández, Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).
Durante una capacitación impartida a servidores públicos adscritos al municipio de Huixquilucan, el Comisionado Luna Hernández destacó la relevancia de atender el derecho de acceso a la información pública desde un punto de vista ciudadano, pues los funcionarios no deben olvidar que ellos también lo son y, por ende, requieren de los servicios de otros entes gubernamentales.
Actualmente, “el ciudadano se convierte en un aliado para revisar preventivamente si nuestras acciones, como autoridades, se llevan a cabo de acuerdo con la Ley y con los procedimientos administrativos”; sobre todo, si se considera que el actuar de los funcionarios implica cumplir con una adecuada gestión documental, una correcta difusión de la información pública en los portales de transparencia y una pronta atención a la solicitudes de información planteadas por los particulares.
El Comisionado Luna Hernández reiteró que el derecho de acceso a la información pública permite a la población verificar si realmente las autoridades desempeñan su trabajo con eficiencia, en un marco de legalidad, y si cumplen con los procedimientos adecuados para tomar decisiones que impacten en un beneficio real y tangible.
El Comisionado del Infoem añadió que la gestión documental conlleva documentar la totalidad de las decisiones adoptadas en el ejercicio de las atribuciones, facultades y competencias de las instituciones públicas, “además de su resguardo organizado, sistematizado y seguro”, concluyó.
