Con la austeridad republicana mineros siguen sumidos en la pobreza y abandono
laboral.
Necesario que los obreros se organicen y luchen para cambiar sus condiciones de
miseria.
Ciudad de México.- Aquiles Córdova Morán, líder del Movimiento Antorchista
Nacional, llamó a la clase trabajadora de México a romper la cadena de miseria, trabajo
monótono, salarios de hambre y los abusos por parte de los patrones y el Gobierno, para
así, crear mejores condiciones de vida para las generaciones venideras y darles un
ejemplo de libertad y dignidad, este llamado se ve potenciado por la tragedia ocurrida el
pasado 3 de agosto, donde 10 mineros quedaron atrapados por un derrumbe en la mina
“El Pinabete” ubicada en el municipio de Sabinas, Coahuila; y cuya operación de rescate
se ha visto obstaculizada por los intereses de la administración de Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) y de los poderosos empresarios del sector carbonífero.
El líder social hizo hincapié en que esta tragedia no puede ser atribuida únicamente
a un accidente imposible de prever, ya que exhibe las precarias condiciones laborales en
las cuales los mineros tienen que trabajar. En el caso de “El Pinabete” no se trata de una
verdadera mina con tecnología moderna y con todas las medidas de protección y
seguridad para sus obreros, sino de una explotación rudimentaria cuyo funcionamiento lo
debe al impulso que recibe de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), debido a sus
bajos costos de producción, generados a base de la nula compra de material para la
protección de sus trabajadores y al escaso conocimiento de las condiciones geológicas y
supervisión de expertos.
Estas inhumanas condiciones laborales se dice, son comunes en el sector, el cual
impulsa métodos artesanales y la proliferación de “pocitos” con tal de generar más
ganancia, todo siendo del conocimiento de los gobiernos de Coahuila y del país, que
desde hace varias décadas no toman medidas para regularlas, sumado a que la CFE les da
un trato preferencial mediante contratos multimillonarios en detrimento de explotaciones
de carbón más modernas y con una mayor supervisión de sus condiciones de operación.
Otro factor más reciente a decir de diversos expertos como Cristina Auerbach, directora
del grupo Familia Pasta de Conchos, es la austeridad republicana impuesta por el
presidente López Obrador, que es consecuencia indudable de los “ahorros” de la empresa
responsable de la mina, que incluyen la falta total de preparación de sus obreros y de
estudios geológicos necesarios para detectar bolsas de gas o agua como la que atrapó a los
mineros de “El Pinabete”.
La prueba de que el caso de Sabinas no fue un simple accidente está demostrada
por expertos como Delfino Hernández, académico de la UNAM, quien aseguró que no
hay planos de la mina, bitácoras para monitorear el trabajo de los mineros ni documentos
que acrediten que se haya cumplido con los protocolos o que se les haya capacitado para
responder a una emergencia. Otra irregularidad es el presunto dueño de la mina, Cristian
Solís Arriaga quien da señales de ser un prestanombres, situación que ni el presidente ni
la Fiscalía terminan por confirmar. Esta situación recalca también la opacidad con la que
se ha llevado la operación de rescate, ya que en principio la coordinadora nacional de
Protección Civil, Laura Velázquez, dijo a los familiares de las víctimas que había toda la
voluntad y recursos para rescatarlos con vida y que los trabajos solo se llevarían horas, sin
embargo, a casi un mes no hay ningún avance significativo.
Los vecinos también han denunciado esta situación que ha generado que la
posibilidad de rescatar con vida a los mineros desapareciera, destacando la ineptitud del
personal de protección civil y la soberbia del gobierno de AMLO que se negó a solicitar
la colaboración de los mineros expertos en rescates e incluso de especialistas extranjeros.
Las operaciones, desde un inicio, se ocultaron para evitar las manifestaciones de las
familias afectadas e inclusive evitando el acercamiento de estas con el presidente López
Obrador, que cinco días después de la tragedia se reunió brevemente con el equipo de
rescatistas “para acelerar las labores”, sin hablar con los parientes de los obreros
atrapados, quienes opinaron que “solo vino a hacerse la foto y se fue”. Tras semanas de
promesas de rescate el Gobierno y las autoridades han cambiado la tónica, dejando en
manos de los familiares la decisión: “100 mil pesos o sacar los cuerpos”.
Esta actitud de negligencia es característica del gobierno Federal, que sigue con su
política de “austeridad republicana”, la cual ha generado, por ejemplo, que los recursos
para supervisar las minas en Coahuila vayan en declive desde 2018, que el número de
inspectores laborales dedicados a revisar minas y diversos tipos de industrias en Coahuila
se haya reducido en 40 por ciento entre 2018 y 2022 y que los mineros sigan sumidos en
la pobreza y abandono laboral, enfrentados a enfermedades crónico-degenerativas y
jornadas que rebasan hasta las 12 horas diarias. Ante esta situación el líder de los
antorchistas dijo que es momento de que los obreros de todo el país se den cuenta del
peligro que corren sus vidas y las de sus familias, por lo que es necesaria su unidad
ideológica -que les inculca la forzosa cooperación diaria en el trabajo- y la unidad
organizativa -que les falta y es indispensable para la unidad de acción y golpear al
unísono-; todo esto para romper la cadena de miseria, trabajo monótono, salarios de
hambre y los abusos por parte de los patrones y el Gobierno, para así, crear mejores
condiciones de vida para las generaciones venideras y darles un ejemplo de libertad y
dignidad.
