- La presidenta del Organismo Defensor firmó un convenio de colaboración, se dictó una conferencia magistral y se efectuó el Foro “Por nuestro derecho a decidir”.
En el marco del Día de Acción Global por la Despenalización del Aborto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), Myrna Araceli García Morón y la representante de la Red de Académicas Feministas, Margarita Vázquez Montaño firmaron un convenio de colaboración; la magistrada Julia María del Carmen García González dictó la conferencia magistral “Una visión integral de la interrupción legal del embarazo desde los derechos humanos” y se realizó el Foro “Por nuestro derecho a decidir”, con la participación de activistas feministas.
Además, personal de la Casa de la Dignidad y las Libertades revisó el actuar de los cuerpos policiales que participaron durante las movilizaciones en diversos puntos de la entidad; y también 21 visitadoras y personal femenino auxiliar acompañó a las manifestantes en sus recorridos.
La Magistrada Julia María del Carmen García González explicó que la Red de Académicas Feministas es una organización nacional con origen en la entidad mexiquense que promueve la sensibilización en torno a los derechos humanos de las mujeres desde un enfoque interseccional.
Asimismo precisó que para hablar de la interrupción legal del embarazo y aborto desde la igualdad y la no discriminación, se debe disasociar o quitar el componente de que una mujer necesariamente debe ser madre o debe casarse y reconoció que existen normas que tienen como únicas destinatarias a las mujeres y cuando el Estado criminaliza ciertas conductas, solo las castiga a ellas.
La magistrada puntualizó que el derecho a la salud entraña libertades y derechos; por un lado, está la posibilidad de controlar su libertad y cuerpo, que incluye la libertad sexual y genésica, es decir, si desea reproducirse o no, y no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consentidos; y por otra, el Estado tiene obligaciones como respetar la decisión de cada persona, proteger lo que decida y garantizar que ocurra, además, las instituciones públicas deben contar con personal que no sea objetor de conciencia y pueda practicar abortos seguros e higiénicos cuando sea necesario, pues en el mundo se registran cada año 25 millones de abortos inseguros.
