Pachuca de Soto, Hidalgo.- La iniciativa denominada “Ley 3 de 3”, para que personas acusadas de violencia y deudores alimentarios no puedan ser postuladas como candidatas ni ocupen cargos públicos en los municipios y en dependencias estatales de Hidalgo fue presentada por diputados en el Congreso del Estado de Hidalgo.
Lo anterior, con la incorporación en la Constitución Política de Hidalgo la suspensión de derechos de las personas para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público cuando se tenga una sentencia firme por la comisión dolosa de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, así como el normal desarrollo psicosexual.
También, por violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual y por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, y persona deudora alimentaria.
En el tema de las pensiones alimentarias, Lisset Marcelino Tovar, diputada de Morena, señaló que “no es permisible que las personas dejen a la deriva y a su suerte a aquellos que dependen de éstas, pues no sólo se obliga jurídicamente a cumplir, sino que además es un deber moral y social el atender y velar por la seguridad y bienestar social de cada uno de los miembros de su familia”.
La legisladora recordó que en México el 51 por ciento de la población son mujeres, además de que representan similar porcentaje de la lista nominal de electores y las mujeres son las que más votan en las elecciones.
Por lo que se busca con esta iniciativa es lograr una democracia representativa de manera sustantiva, en la que los hombres y mujeres tengan igualdad de oportunidades, lo que empieza por respetar los derechos de las mujeres y no violentarlas.
La Ley 3 de 3 busca adicionar a la Constitución Política del Estado de Hidalgo el artículo 17 Bis en la que se establece que las personas no podrán ser registradas como candidatas o candidatos a cualquier cargo de elección popular, ni ser nombradas para empleo, cargo o comisión en el servicio público, cuando tengan sentencia firme por la comisión dolosa de delitos contra la vida y la Integridad corporal.
También, contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual.
Así como por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos y, por ser declarada como persona deudora alimentaria.
La iniciativa fue leída, también, por las legisladoras Marcia Torres González, del Partido Revolucionario Institucional, así como por Elvia Sierra Vite, del Partido del Trabajo.
A la iniciativa se adhirieron otras fuerzas políticas con representación en el Congreso del Estado de Hidalgo.
Por Daniel Martínez Martínez
