Tulancingo de Bravo, Hidalgo.- Colaboradores de la Subprocuraduría Regional de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia en el Distrito Judicial de Tulancingo, denunciaron despido injustificado, así como intimidaciones previas por parte de personal del Sistema DIF Hidalgo, al que pertenece la instancia.
Gizele Lara Quiroz, titular de dicha subprocuraduría regional, narró que le fue rescindido su contrato, junto con el de otras siete personas que con ella colaboraban, lo cual fue de forma abrupta y sorpresiva.
En entrevista, narró que días antes del despido, se presentó en las instalaciones de la Subprocuraduría un hombre que se identificó como Ignacio Rodríguez, exigiendo la entrega de una menor de cuatro años de edad, así como el expediente de integración del caso que lleva la instancia estatal.
Al serle negado el expediente, el hombre, que ostentó ser parte del equipo de trabajo del ex Senador Isidro Pedraza Chávez, se comunicó directamente por teléfono con Laura Karina Ramírez Jiménez, titular de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia en el Estado de Hidalgo.
De acuerdo al testimonio de Lara Quiroz, la funcionaria estatal habría asesorado al presunto colaborador del ex Senador para que la menor de edad se le entregara en custodia con una persona con la que no tiene vínculo familiar alguno.
Unos días después de lo narrado, personal del Sistema DIF Hidalgo se presentó en las oficinas regionales de la dependencia estatal, amedrentando a Lara Quiroz, así como a sus colaboradores, para a continuación notificarles que sus contratos quedaban rescindidos.
El pasado 27 de septiembre fue el último día que se presentaron a las oficinas, sin que nadie les recibiera las instalaciones, “pues ya nadie nos dio la cara posterior al aviso de nuestro despido”.
Lamentó que por los hechos ocurridos, se puedan quedar sin seguimiento varios casos a revisión en este momento, así como no cumplirse con uno de los principales compromisos de la Subprocuraduría, que es garantizar la salvaguarda de la población vulnerable, refiriéndose al caso citado de la menor de edad.
Respecto a señalamientos de llevar casos que llegan a la Subprocuraduría al ámbito privado, la entrevistada lo negó totalmente, al punto de establecer que está lista para que se realice una revisión a su trabajo, de sus colaboradores, así como de los procesos administrativos que llevaron durante sus labores en la instancia.
Por Daniel Martínez Martínez
