Pachuca de Soto, Hidalgo.- La exsecretaria general de la sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Mirna García López, acusada de presunto abuso de confianza, podría ser detenida luego que un juez ordenara su búsqueda empleando para ello la colaboración de la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol México.
Lo anterior consta en el amparo 1259/2018 con fecha del 26 de febrero, mismo que puede ser consultado en los estrados electrónicos del consejo de la judicatura federal, y que habría sido interpuesto por el sindicato para girar la orden de aprehensión en contra de la exlideresa.
Apenas en abril de este año, el SNTE solicitó también la reactivación de la ficha roja de la Interpol México y la alerta migratoria contra García López, sobre quien pesa una orden de aprehensión dictada el 11 de junio de 2016.
En ese sentido, el amparo establece que con el fin de cumplir con el mandato judicial de captura, “las autoridades responsables deben, de acuerdo con sus funciones, girar instrucciones para la realización de una planeación estratégica conforme a los protocolos correspondientes que contengan las directrices específicas, atendiendo a los recursos materiales, técnicos, humanos necesarios para el respectivo operativo; como sería el caso de la gestión y tramitación de la ficha correspondiente ante la organización internacional”.
En caso de no lograr la pronta reaprehensión de la exlideresa, el documento ordena a las autoridades correspondientes remitir mensualmente un parte de actividades que permita conocer los actos que demuestren su actividad persecutoria en acato a ese fallo. Al respecto, existe una notificación en estrados derivada del amparo y al menos dos funcionarios habrían acudido a rendir su informe. No obstante, hasta el momento la Interpol México no cuenta con una ficha de búsqueda que corresponda con el nombre o los datos de la exsecretaria general del SNTE.
Mirna García fue detenida en agosto de 2014 e ingresada al centro de reinserción social (Cereso) de Pachuca tras ser señalada por el presunto desvío de más de 123 millones de pesos de las cuentas del magisterio hidalguense; sin embargo, un año después un juez federal le concedió un amparo que le permitió quedar en libertad en septiembre de 2015, para continuar su proceso en libertad, pero el mismo fue revocado en mayo del siguiente año.
Por Daniel Martínez Martínez
