Pachuca de Soto, Hidalgo.- Por unanimidad, con 26 votos los diputados del Congreso de Hidalgo aprobaron el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la ley del ejercicio profesional, la ley de derechos y cultura indígena y la ley orgánica municipal, presentado por la legisladora de Morena Lucero Ambrocio Cruz, para que prestadores de servicio social profesional cumplan con esa obligación en pueblos y comunidades indígenas.
De acuerdo con el Catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Hidalgo, existen mil cuatro localidades de ese tipo, mismas que no cuentan con un programa de servicio social estudiantil, de acuerdo con información de la dirección general de profesiones de la Secretaría de Educación Pública estatal (SEPH).
Las comunidades indígenas son espacios de basto aprendizaje y de urgente atención por parte de profesionistas en diferentes ámbitos, dijo el diputado José Antonio Hernández Vera al subir a tribuna para exponer la fundamentación del dictamen.
Añadió que, durante décadas, esas zonas poblacionales se han mantenido en rezago generalizado a consecuencia de la carencia de interés real de quienes habían gobernado y del fenómeno cotidiano de migración.
“Hoy en día, no es difícil ver a jóvenes que tienen que dejar su comunidad de origen en búsqueda de mejores condiciones tanto laborales como escolares”, dijo el diputado.
Fomentar la prestación del servicio social estudiantil en los órganos administrativos de las localidades y pueblos indígenas permitiría que aquellos jóvenes que tuvieron la necesidad de migrar para acceder a la educación superior puedan regresar a sus zonas poblacionales a poner en práctica conocimientos y habilidades profesionales, al tiempo que contribuyan a mejorar las condiciones sociales de su entorno.
El objetivo fundamental del servicio social, de acuerdo con el dictamen aprobado, dijo Hernández Vera, es aportar al mejoramiento de las condiciones de vida, de planeación de infraestructura, de organización social, de salud y de educación en las comunidades y pueblos indígenas; es una finalidad primordial, pues el servicio que se preste en deberá tender a ese fin.
El servicio podrá realizarse en la delegación municipal para fomentar la profesionalización de las actividades que ahí se realizan; de igual forma, dijo el legislador, se contribuirá a la observación de la defensa y procuración de los derechos humanos.
Además, en los espacios comunitarios de desarrollo, centros de aprendizaje extraescolar y actividades culturales de los pueblos y comunidades, el joven servidor podría poner en práctica el conocimiento de su área de estudio.
“Ese dictamen representa un avance más en favor de nuestros pueblos originarios, ninguna reforma que los beneficie está de más. Es otro peldaño en favor de su inclusión y reconocimiento”, dijo la diputada Roxana Montealegre Salvador al subir a tribuna para apoyar el voto.
Por Daniel Martínez Martínez
