Pachuca de Soto, Hidalgo.- Ante la existencia de empresas de seguridad privada que operan irregularmente en Hidalgo, por no estar debidamente registradas y que el personal no está debidamente capacitado ni cuenta con el equipo necesario para salvaguardar bienes muebles o inmuebles ni la integridad de las personas, la diputada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Lucero Ambrocio Cruz promovió una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley de seguridad privada estatal para normar la actividad de compañías proveedoras de esos servicios.
En su exposición de motivos, la legisladora detalló que actualmente la seguridad privada ha tomado un papel relevante, ya que es una alternativa de protección frente al clima de inseguridad que se vive en la entidad y en el país. En 2018, según el registro de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), el número de firmas con autorización federal para prestar ese tipo de negocios en dos o más estados era de mil 232.
En Hidalgo, añadió, se estima que hay 29 compañías con la autorización vigente, sin embargo, podrían operar entre 6 mil y 8 mil sin tener la licencia para ello, a pesar de que la fracción segunda del artículo 32 de la Ley Federal de Seguridad Privada menciona como una obligación la de “abstenerse de prestar los servicios de seguridad privada sin contar con la autorización o revalidación correspondiente”, precepto que también está plasmado en la legislación del estado.
Sin embargo, comentó que a decir de las personas existen problemas con la operatividad de esos elementos, pues según ha sido documentado algunos no cumplen con los mínimos requerimientos para asegurar el cumplimiento de los perfiles y preparación adecuada, ya que es constante que sean reclutados perfiles que no tuvieron entrenamiento y/o carecen de vocación, sumado que no siempre se encuentran adecuadamente uniformados ni equipados, lo cual es un peligro para quien contrate ese servicio.
Por ello, subrayó, resulta indispensable especificar dentro del capítulo de la ley en la materia las obligaciones y prohibiciones de los prestadores y de empleados operativos de seguridad privada, la descripción del equipo, uniforme y armamento que deben de portar para ejercer sus actividades.
Lucero Ambrocio concluyó que además la iniciativa de reforma que impulsa busca que la actuación de las instituciones de seguridad pública sea bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, entre otras cosas.
Redacción Ultra Noticias Hidalgo
