Una investigación administrativa y si se desprende una penal, solicitó un grupo de organizaciones civiles defensoras de los Derechos Humanos en Puebla a los integrantes del Congreso del Estado, en contra del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Adolfo López Badillo.
La solicitud pública es para que los diputados locales, conformen una comisión que indague el actuar de Adolfo López Badillo, a quien calificaron como el peor defensor de las garantías individuales que ha tenido la historia de Puebla.
Acusaron que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, incurrió en una serie de omisiones, además de vender los vehículos donados por el ombudsman nacional.
Mónica Roldan Reyes, presidenta de la Comisión Ciudadana por la Democracia y Derechos Humanos, arropada por otras organizaciones, solicitó se conforme una comisión de diputados, para que se investigue al presidente estatal de los derechos humanos en Puebla, por incurrir en actos u omisiones que afectan la legalidad, honradez, responsabilidad, imparcialidad y eficiencia en que debió desempeñarse.
En los más de 8 años de estar al frente de la institución de proteger las garantías individuales de las personas, el desempeño de López Badillo, deja mucho que desear, desde el cierre de las oficinas en Lara Grajales y en el municipio de Cuetzalan, hasta el remate de vehículos donados por la CNDH, sin informar en que se utilizó los recursos de la subasta.
Lo grave, señaló Mónica Roldán es que la gran parte de las quejas integradas y en contra de autoridades del gobierno del estado, fueron archivadas, sin que llegaran a ser recomendaciones.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos en el estado, aseguraron que los recursos destinados a la institución, fueron utilizados para que Adolfo López, realizara viajes al extranjero, y darse la gran vida a costillas de los ciudadanos, mientras las garantías individuales en Puebla fueron violentadas.
A Adolfo López Badillo, lo señalaron como el principal precursor para evitar que las autoridades federales evitaran decretar la Alerta de Violencia de Género en Puebla, tras maquilar cifras, y de las 222 recomendaciones que se integraron en más de 8 años, resultó que la gran mayoría llegaron a términos conciliatorios, y en lo que de este 2019, sólo una queja ha sido elevada a recomendación.
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Por estas, y otras omisiones, las organizaciones han pedido a los legisladores locales, se investigue al ombudsman poblano, y reciba una sanción administrativa, y en caso de que haya incurrido en delitos, entonces se inicie una pesquisa penal.
