Pachuca de Soto, Hidalgo.- Del año 2017 a la fecha, en Hidalgo se han presentado mil 369 denuncias hacia funcionarios públicos por presuntos actos de corrupción, informó Alejandro Habib Nicolás, titular de la Procuraduría General de Justicia en la entidad (PGJH).
En el desglose de las denuncias, 494 están en integración, 738 se resolvió en no ejercicio de la acción, 11 se turnaron al archivo temporal, 64 se resolvieron por incompetencia, 20 acumulados y 42 se judicializaron, lo que significa que existen sentencias condenatorias en menos del uno por ciento de los casos.
Dichas denuncias son el acumulado de mayo del 2017, fecha de creación de la Fiscalía Anticorrupción, dependiente de la PGJEH a agosto de este año, esta última correspondiente al corte del Quinto Informe de Gobierno estatal.
Derivado de estas denuncias, informó Habib Nicolás, se ha conocido que por abuso de autoridad existen 975 casos; por peculado, 88 denuncias; 46, por infidelidad de la custodia en documento, así como 61 relacionadas con presidencias municipales de las cuales dos puestos están en funciones y 59 contra expresidente municipales.
Además, por estas denuncias, 32 funcionarios fueron vinculados a proceso, de los cuales, a 10 se les dictaron sentencias condenatorias; también, se dictaron 90 medidas cautelares, 16 medidas de protección y 18 suspensiones provisionales.
Las cifras fueron presentadas por el funcionario estatal dentro de la comparecencia ante el Congreso del Estado de Hidalgo precisamente para desahogar los temas específicos al Quinto Informe de Gobierno estatal.
En otro orden de ideas, pero también en el tema de procuración de justicia, el titular de la PGJEH desarticuló 16 bandas dedicadas al delito de secuestro, rescató a 27 víctimas y detuvo a 59 personas responsables de estos ilícitos.
Incluso, en casos de detención en flagrancia de este delito, registró 46 personas aseguradas por estar relacionadas a casos de secuestro y se vincularon a proceso 55; además, se obtuvieron 18 sentencias condenatorias con penas entre los 80 y 130 años de prisión.
Por Daniel Martínez Martínez
