Suman 36 denuncias contra funcionarios del Seguro Popular en 18 estados por un desfalco de 83 mil millones de pesos
El daño a las finanzas públicas del Seguro Popular, que termina impactando en la cobertura de la salud de los mexicanos, asciende a 83 mil 250 millones 576 mil 40 pesos e involucra a funcionarios de 18 estados de la República, de acuerdo con 22 denuncias interpuestas por ciudadanos ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Jacqueline Peschard, Federico Reyes Heroles y Luis Pérez de Acha, de las organizaciones Justicia Justa e Impunidad Cero, interpusieronnuevas por corrupción en el manejo de recursos destinados al Seguro Popular y al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) entre 2012 a 2016, con lo que suman 36 denuncias interpuestas contra funcionarios y exfuncionarios de estas entidades.
La última serie de demandas interpuestas ante la PGR contra funcionarios y exfuncionarios del Seguro Popular son por los delitos de peculado, cohecho y uso indebido de atribuciones y facultades en 11 estados: Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco.
Entre las irregularidades detectadas en los informes de la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que fueron la base para las denuncias, se encuentran: contratos celebrados con empresas fantasma, pagos carentes de documentación comprobatoria, sobreprecios pagados por los estados y no enterar el ISR retenido a los trabajadores del sector salud.
Esta es la segunda ola de denuncias contra funcionarios y exfuncionarios del Seguro Popular por parte de Federico Reyes Heroles y Luis Pérez de Acha. El martes 16 de octubre, interpusieron 14 denuncias penales contra secretarios de Hacienda y Salud, así como tesoreros de siete estados: Chiapas, Estado de México, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa. En esta primera demanda, la cantidad demandada por irregularidades alcanzaba los 47 mil 345 millones 794 mil 169 pesos.
“No estamos ante una ocurrencia esporádica, estas irregularidades las vemos en por lo menos 28 estados como una práctica generalizada”, dijo en aquella ocasión el abogado Julio Copo.
Con información de Huftington Post
