La funcionaria externó que cuando una gran obra de infraestructura se comienza a edificar en México, la experiencia lleva a tener dudas sobre si realmente se concluirá o si el costo prometido por el gobierno y las empresas será cumplido.
Con esta reforma a la ley se plantea que será obligatorio la licitación pública para la realización de obra pública, se deberá establecer desde la misma convocatoria que habrá sanciones si no se cumple con el plazo y fecha determinada, y se establecerán las penas por retrasos en el cumplimiento del programa de obra.
La funcionaria externó que cuando una gran obra de infraestructura se comienza a edificar en México, la experiencia lleva a tener dudas sobre si realmente se concluirá o si el costo prometido por el gobierno y las empresas será cumplido.
Como ejemplo de la funcionaria fue el transitar en Morelia, pues a decir de ella no es tan solo un problema económico de unos cuantos, son negocios en quiebra y cerrados, clientes perdidos, ventas no realizadas, las cadenas de insumos rotas o el turismo decepcionado, además agregó que esto representa también un daño ambiental.
“Se dá en buena medida porque nuestra ley permite varios escenarios que lo hacen factible, me explico: si el contratista presentó un plan para terminar la obra en un plazo de un año, puede avanzar tres meses, irse seis y regresar a concluirlo en tiempo y forma sin penalización alguna. Eso es lo que está ocurriendo porque la ley del Estado lo permite”.
Por último hizo saber que incluso si se termina en tiempo, pero hubo retrasos en el calendario, habrá sanciones, la ley establecerá que para ello es la garantía de cumplimiento. En caso de no cumplir, se tendrá que cambiar de contratista.
