- El impacto de la desaparición de la Financiera Nacional en derechos, sociedad y comunidades rurales.
Este lunes, legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) acompañados por legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en respuesta a la desaparición de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
La desaparición de esta institución ha generado preocupación debido a que vulnera los derechos a la seguridad alimentaria, a la tierra y a la propiedad, afectando de manera determinante a la sociedad mexicana. La Financiera Nacional jugaba un papel crucial en el otorgamiento de créditos y apoyo económico a ejidatarios y pequeños productores.
Según los legisladores, la Financiera Nacional había acreditado a cerca de un millón y medio de ejidatarios y más de 110 mil pequeños productores. Sin embargo, los créditos no superaban los 32 mil beneficiados antes de su cierre. El Censo Agropecuario 2022 reveló que solo el 18 por ciento de las hectáreas de uso agrícola estaban sembradas debido a la falta de créditos y apoyo económico.
Durante una conferencia de prensa encabezada por la diputada federal y secretaria general del CEN priista, Carolina Viggiano, junto con el decano de la Cámara de Diputados, Augusto Gómez, y el vicecoordinador Marco Antonio Mendoza, los legisladores argumentaron que se violó el debido proceso legislativo y el derecho de participación en el debate legislativo de las minorías.
Se denunció que no se permitió a los legisladores participar en un análisis y discusión real, abierto e informado de la iniciativa, transgrediendo los principios fundamentales de legalidad, progresividad, certeza jurídica y transparencia.
Además, se destacó que el dictamen se integró de manera precipitada en el orden del día de la sesión, dispensando las lecturas ilegalmente y sin la debida anticipación. Se señaló que la ley se votó de manera nominal sin quorum legal en el Senado, lo que constituye una violación más.
Los legisladores también evidenciaron los atropellos cometidos contra los miembros del Consejo Directivo de la Financiera Nacional, quienes representan a miles de campesinos, pequeños y medianos productores, así como a los trabajadores y jubilados con conocimientos especializados.
En su reclamo, los congresistas resaltaron que los funcionarios públicos designados a partir de 2018 decidieron suspender de facto el otorgamiento y dispersión de créditos a los productores desde diciembre de 2022, sin una justificación sólida.
Además, consideraron falsos los datos proporcionados por el Ejecutivo Federal para justificar la extinción de la financiera. Según los Balances Generales publicados, el pasivo de la institución representa solo el 36 por ciento con respecto al Activo Total, desmintiendo la supuesta insostenibilidad financiera.
La desaparición de la Financiera Nacional podría dificultar el acceso de los agricultores a financiamiento adecuado, afectando su capacidad de producir de manera suficiente y sostenible. También se pone en duda el apoyo técnico y la capacitación, debilitando el fomento al desarrollo rural integral, equitativo y sostenible. Esta situación acentuaría la desigualdad en el acceso a recursos, beneficiando a los que tienen mayor poder económico y dejando rezagados a los pequeños productores.
Los legisladores enfatizaron que el cierre de la financiera tendría graves repercusiones, como el desplazamiento de comunidades rurales enteras y la apertura de puertas al control territorial del narcotráfico en el sector agrícola. Esto podría conducir al aumento de cultivos ilícitos, como la marihuana, coca o amapola, generando una mayor vulnerabilidad socioeconómica.
Ante esta situación, los diputados federales del PRI, acompañados por legisladores de otros partidos, buscan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise el decreto de extinción de la Financiera Nacional y se pronuncie sobre su constitucionalidad, con el objetivo de proteger los derechos de seguridad alimentaria, tierra y propiedad, así como el bienestar de la sociedad mexicana en general.
