El sistema educativo del país se ha estado viendo afectado por la pandemia de Covid-19, muestra de esto es la profunda fragilidad y con resultados desoladores; por lo que la educación media superior será la mas afectada; antes de la contingencia ya experimentaba su propia crisis, destacando, el rezago en aprendizaje rezagado, problemas de retención escolar, problemas de equidad en ingreso y permanencia y deficiencia presupuestaria.
La capacidad presupuestal del Estado está siendo severamente afectada, por lo que son previsibles restricciones importantes para los presupuestos educativos en áreas prioritarias.
La pandemia afectará a todos los estudiantes, pero más aquellos que ya enfrentaba condiciones de vulnerabilidad antes de la crisis. Esto es, al 48.2% de los estudiantes provenientes de los hogares de menores ingresos pertenecientes a los quintiles de ingreso I y II. En la última década se logró aumentar la cobertura de servicios para estos estudiantes en 20 puntos porcentuales, pasando de 32% en 2006 a 62% en 2018.
Adicionalmente, la situación presupuestal es preocupante y limita sustantivamente la posibilidad de que las autoridades enfrenten adecuadamente estos retos. Si bien es cierto, en 2020 tenemos 3% más de presupuesto para cada alumno de media superior inscrito a una institución pública, la distribución de estos recursos es muy distinta a la que se observó en 2008-2009. Hoy, a valor de pesos de 2020, el presupuesto es tres veces mayor en el monto de las becas para estudiantes, pero recorta sustantivamente las partidas para la ampliación de espacios para que los jóvenes puedan cursar este nivel educativo. Por ejemplo, la inversión para 2020 es el 3% de presupuesto que 2008 se ejerció en infraestructura y mantenimiento; el 10% para expansión de los servicios educativos; y apenas el 8% del presupuesto para estrategias de inclusión y equidad.
El gobierno federal sigue apostando por más becas, pese que la evidencia indica que un importante incremento en la cobertura de la EMS en el pasado parece no estar asociado al acceso a estos instrumentos de política pública. Si bien las becas pueden ser un instrumento de impulso a al ingreso y permanencia de los jóvenes en el nivel medio superior, 1 de cada 3 nuevos estudiantes de los grupos con mayor vulnerabilidad se incorporó a la EMS sin el respaldo de una de ellas. Para los quintiles II y III, la proporción de la matrícula que lo hizo sin contar con el apoyo de una beca es de 67.5% y 71.2%, respectivamente. Se estima que, en la década pasada más de la mitad del aumento de la matrícula nacional (57.2%) no contó con el apoyo de una beca.
Ahora bien, los resultados del cambio de la matrícula del nivel medio superior más recientes en el ciclo 2019-2020 indican que no hubo crecimiento del número absoluto de alumnos, sino que de hecho hubo una reducción absoluta respecto al ciclo escolar previo de casi 100 mil estudiantes. Si el rasgo de innovación que se ha querido imprimir a la EMS es la entrega de becas a todos los alumnos del nivel, sin importar la condición económica de los hogares, ciertamente no parece haber tenido resultados en 2019 en cuanto a propiciar un aumento en la matrícula, por consiguiente en la cobertura escolar. Ante el duro impacto de la crisis económica en muchos hogares, estas becas ciertamente pueden servir como un soporte para que algunos de los beneficiarios puedan permanecer estudiando y evitar que las dificultades económicas en casa los lleven a abandonar las aulas.
Una estrategia de contención de los efectos de la pandemia en los estudiantes de media superior requiere una coordinación efectiva entre autoridades federales y estatales, así como con los diversos servicios escolares que integran la educación media superior y las asociaciones de las instituciones de educación superior. La tentación de algunos actores de seguir expectantes a las directrices que bajen desde el ámbito federal debe ser sustituida por el realismo de los costos que para los jóvenes y para el país trae la dilación de acciones o las consecuencias negativas de que éstas no estén bien coordinadas. Esto permitirá clarificar qué políticas pueden desplegarse localmente y cuáles son las que demandan del respaldo del gobierno federal.
