También liberar a los 8 comuneros que fueron detenidos en 2017 presuntamente por haberse resistido a ceder su propiedad
Ejidatarios de la comunidad de Salazar en el municipio de Lerma pidieron la intervención del gobierno del Estado de México y los organismos de derechos humanos estatal y nacional para evitar el presunto despojo de sus tierras y liberar a los 8 comuneros que el año pasado fueron detenidos por su resistencia al abuso que aseguran fue coordinado entre autoridades estatales y particulares.
Explicaron que el primer intento de despojo tuvo lugar el 30 de septiembre de 2016 cuando un grupo armado liderado por una persona de nombre Mario Alberto de León Venegas, amenazo a uno de los vecinos para que cediera sus tierras, por lo que los habitantes del poblado se defendieron, evitaron hecho y solicitaron un amparo para evitar que los terrenos ejidales fuesen intervenidos.
Fabiola Vilchis, hija de una de las personas detenidas, relató que un año después, en agosto de 2017, alrededor de mil 500 elementos de seguridad estatal y federal acudieron al lugar con motivo de una carpeta de investigación con posibles irregularidades en las que se señala a 3 mujeres y 5 hombres de Salazar como responsables de lesiones, robo con violencia y despojo hacia quienes en su momento intentaron quitarles su propiedad.
En este sentido pidieron al gobernador Alfredo del Mazo revisar su caso y apoyar a la comunidad para que sus vecinos y familiares sean liberados y también que se evite el robo de tierras que pertenecen a sus familias desde el siglo XIX.
2:34 “Exigimos la liberación inmediata de nuestras 3 presas y nuestros 5 presos que hoy están en Santiaguito, eso es lo que exigimos, exigimos una mesa de diálogo con el gobierno estatal, con el gobierno federal para solucionar también el conflicto agrario”.
Señalaron que otras irregularidades tienen que ver con que el anterior secretario general de gobierno mexiquense, José Manzur, declaró el día de la detención que las personas aseguradas eran opositores de la obra pública aunque no existen indicios de que se pretenda desarrolla obras estatal y en contraste hay interés de particulares por construir ranchos y conjuntos residenciales.
Además manifestaron suspicacia en torno a que detención de los 8 vecinos, coincidió con que tres días antes se un juez falló a favor de la comunidad con la emisión del amparo que contempla la defensa de las tierras ejidales y la prohibición de que estas pudiesen ser puestas a la venta.
Alberto Dzib
@albertodzib666
