Pachuca de Soto, Hidalgo.- La Secretaría de Contraloría del Gobierno de Hidalgo formalizó la consulta ante Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para conocer si es posible la instalación del comité de transición, referido en la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del estado.
Lo anterior debido a que existe un proceso de impugnación a la elección de gobernador, lo que de acuerdo a lo señalado la semana pasada por el gobernador Omar Fayad Meneses, detendría la entrega recepción, aunque también declaró que buscarían la justificación legal para seguir adelante.
Cabe recordar que el Tribunal Electoral del Estado (TEEH) analiza el juicio de inconformidad, radicado bajo el expediente JIN-GOB-VAPORHIDALGO-001-2022, que promovió la coalición “Va por Hidalgo” contra el cómputo estatal y entrega de constancia de mayoría al gobernador electo de “Juntos hacemos historia”, Julio Menchaca Salazar.
El Código Electoral local menciona en el artículo 371 que los juicios de inconformidad, en su totalidad, serán resueltos por el pleno del tribunal a más tardar al término de la primera semana de agosto del año de la elección, con la finalidad de agotar la cadena impugnativa ante Sala Superior, declaren la validez de la contienda y el mandatario constitucional rinda protesta el 5 de septiembre 2022.
A partir de ello, se realiza la consulta ante el TEPJF, de tal manera que no se retrase el proceso de entrega recepción con miras al cambio de gobierno estatal, el próximo 5 de septiembre de este año.
La Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del estado, que data del 2015, refiere en el artículo 18 que para el término de gestión de cualquiera de los poderes, organismos públicos autónomos, ayuntamientos, así como entidades paraestatales o paramunicipales; tanto los servidores públicos entrantes como salientes, integrarán un comité que establecerá la coordinación necesaria entre ambas partes, con el propósito de conocer, de manera general, los recursos públicos y obligaciones que serán materia del proceso.
Las actividades que desarrollen son para cotejar de manera general los recursos públicos y las obligaciones que habrán de recibirse, por lo que no podrán interferir en el desarrollo normal de las funciones oficiales, sustraer información, ni tomar posesión de bienes antes de la entrega recepción formal.
La Secretaría de Contraloría es la encargada de coordinar estos actos, asimismo, la legislación señala que para la preparación de la entrega recepción es posible solicitar información necesaria en un plazo de doce meses.
Por Daniel Martínez Martínez
