#MexicanosContralaCorrupciónylaImpunidad
Lo anunció en noviembre de 2016 como parte de su Proyecto Alternativo de Nación. Lo repitió decenas de veces antes y durante su campaña política. Una vez ganada la elección presidencial de 2018, lo enlistó en el número 62 de sus 100 compromisos de gobierno.
Ya como presidente en funciones, Andrés Manuel López Obrador reiteró lo que había machacado en incontables ocasiones: el Estado Mayor Presidencial (EMP), ese cuerpo de élite militar que desde 1942 se encargaba de la seguridad y de cuidar hasta la respiración del presidente y su familia, se extinguiría.
Las razones para desaparecer a ese cuerpo militar eran, básicamente, tres:
1) Resultaba altamente costoso para las finanzas públicas.
2) El presidente no necesitaba de seguridad especial porque el pueblo sería quien lo cuidaría.
3) El Estado Mayor Presidencial había conspirado y participado en operativos contra el pueblo, como el del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, en cuya masacre desempeñó un papel principal.
Tres años después, una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en alianza con Fábrica de Periodismo documenta que no es así: el Estado Mayor Presidencial, con sus más 8 mil elementos incluidos, no ha desaparecido. Se encuentra en una categoría especial conocida en el medio militar como “en receso”.
Legalmente, el Estado Mayor Presidencial, a cuyos integrantes se les conoce en la jerga del ejército como los militares de terciopelo, no se extinguió.
Es más, desde octubre del 2019 la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos se encuentra “congelada” por “razones políticas” en la Cámara de Diputados, a pesar de que el grupo de legisladores de Morena contaba y cuenta con los votos necesarios para aprobarla en cuanto lo desee. Pero no ha querido.
Y el presidente López Obrador tampoco actuó para que ocurriera, aunque públicamente siga insistiendo en lo contrario: que el Estado Mayor Presidencial ya desapare
