Una iniciativa legislativa propone que los menores de 16 años queden fuera de plataformas como TikTok o similares, obligando a las empresas a verificar la edad de los usuarios.
En una movida que podría marcar un antes y un después para la protección de menores en el entorno digital, el Parliament of New Zealand se prepara para debatir un proyecto de ley que busca impedir el acceso a redes sociales a jóvenes menores de 16 años. La propuesta, promovida por la diputada Catherine Wedd del partido gobernante y respaldada por el primer ministro Christopher Luxon, exige que las plataformas verifiquen la edad de sus usuarios antes de permitirles crear cuentas o interactuar.
El proyecto, denominado “My Social Media Age-Appropriate Users Bill”, plantea que las compañías de redes sociales tomen “todas las medidas razonables” para evitar que menores de 16 años tengan acceso, introduciendo sanciones financieras en caso de incumplimiento. Hasta ahora, no existen requerimientos legales para que las plataformas verifiquen la edad en Nueva Zelanda, algo que los promotores del proyecto consideran una laguna grave en materia de seguridad digital juvenil.
El impulso de esta normativa se da en paralelo a experiencias en el extranjero: Australia aprobó recientemente una ley similar que establece una edad mínima para usar redes sociales, lo que pone presión sobre otros países, incluido Nueva Zelanda, para adoptar medidas comparables. En Wellington, el argumento central de los legisladores a favor se fundamenta en los riesgos que el uso indiscriminado de redes sociales puede generar entre los adolescentes: acoso en línea, exposición a contenido inapropiado, adicción digital y efectos negativos sobre la salud mental.
Sin embargo, la propuesta también ha generado críticas. Organizaciones de defensa de libertades civiles advierten que imponer un acceso limitado podría derivar en un aumento del uso de espacios digitales no regulados, además de plantear cuestionamientos en torno a la privacidad, la técnica de verificación de edad y el alcance real de la norma. Algunos señalan que el camino es incorporar educación digital, herramientas de control parental y responsabilidad de las plataformas, más que prohibiciones directas.
El proyecto aún debe pasar varias etapas en el Parlamento neozelandés para convertirse en ley. Su aprobación dependerá no solo de la mayoría parlamentaria, sino también de un análisis técnico que determine cómo implementar la verificación de edad en plataformas globales, cómo definir “red social” en el texto legal y cómo equilibrar la protección de menores con los derechos digitales de los jóvenes. El debate que comienza en las próximas sesiones podría sentar un precedente relevante en el ámbito de la regulación tecnológica y el bienestar de las nuevas generaciones.
