Tras una orden de detención emitida por una corte de Nueva York, el empresario pagó 25 millones de dólares para frenar su encarcelamiento.
En los últimos días, el legislador difundió en sus redes sociales que empresarios mexicanos enfrentan actos de opacidad financiera con repercusiones más allá de las fronteras. En particular, acusó públicamente que quien hoy funge como una de las figuras más prominentes en el ámbito empresarial nacional habría desembolsado 25 millones de dólares en Estados Unidos para eludir una detención motivada por una disputa legal.
El caso aludido se vincula a la venta de una antigua compañía de telecomunicaciones que, al ser adquirida por una firma estadounidense, habría arrastrado pasivos fiscales no reportados. El comprador inició una demanda en tribunales de Nueva York bajo alegatos de incumplimiento de obligaciones fiscales por parte del vendedor, y tras largos litigios logró que se dictara una medida de desacato contra el empresario demandado. Ante la amenaza de arresto, se impuso una fianza de 25 mdd como condición para suspender el proceso coercitivo en su contra.
La instancia judicial encargada del caso estableció un plazo corto para el cumplimiento de ese pago bajo la advertencia de que, de no hacerlo, el empresario podría ser recluido en una prisión de alta seguridad en Nueva York. Ante ello, sus representantes optaron por cubrir la fianza para evitar la ejecución inmediata de la orden de arresto, al tiempo que mantienen recursos legales para impugnar el fallo.
Desde el ámbito gubernamental se han pronunciado declaraciones que relacionan este episodio con denuncias de defraudación fiscal. La presidenta del país aseguró que la venta de aquella empresa telefónica se realizó sin informar el estado real de sus obligaciones tributarias, lo que configuraría una conducta fraudulenta de índole transnacional. Aunado a ello, remarcó que no se pueden tolerar actitudes de impunidad cuando implican deudas tanto en México como en el extranjero.
La versión oficial del consorcio referido insiste en que el pago de la fianza no implica reconocimiento de responsabilidad, sino que responde a una estrategia legal para preservar derechos mientras se tramitan las apelaciones correspondientes. Según su postura, muchas de las afirmaciones que circulan sobre el caso forman parte de una narrativa deformada para influir en la opinión pública.
Este episodio interpela no sólo los mecanismos de justicia transfronteriza, sino también el escrutinio sobre los vínculos entre el poder económico y las esferas políticas. La exigencia central que emerge es la transparencia: si efectivamente se realizaron maniobras para evadir obligaciones fiscales, corresponde que las instancias competentes actúen con imparcialidad y determinación.
