EN ASCUAS POR OSCAR GLENN MORALES

 

Seguro que hay días que a muchos políticos que lo han anhelado o que ya lo son se les van las ganas, o sólo lo estiman conveniente a cambio de una muy jugosa paga. 

 

Y es que ante ciertas circunstancias los rumores parecen tener sentido o son secreto a voces que muchos ediles sufren el acoso criminal y la extorsión de grupos delincuenciales, que se combina con la debilidad de sus corporaciones policíacas o la descoordinación que ha imperado con autoridades federales y estatales para proveer de un escudo de protección que los haga menos vulnerables.

 

Lo acontecido el fin de semana donde fallecieron los presidentes municipales de Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto Duarte; y de San Juan Chamula, Chiapas, Domingo López González, hace pensar si realmente hace falta  para sentirse seguros, que los alcaldes tengan muy buenas corporaciones y escoltas, o hayan logrado algún tipo de negociación para que su cabeza no penda de un hilo. ¿Así cuántos estarían tranquilos?

 

Según los datos arrojados por la Asociación Nacional de Alcaldes desde 2003 a la fecha 40 alcaldes en funciones  7 electos y 32 ex – alcaldes han sido asesinados, dando un total de 79.

 

No es cosa menor, ni problema de un sólo partido político que soliciten al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación la implementación urgente de un Protocolo de Protección para Alcaldes que garantice la seguridad de los ediles en riesgo.

 

Plantea la ANAC que según su propia clasificación los estados con más riesgo para los alcaldes son: Durango, Michoacán, Oaxaca y Veracruz. Seguidos por Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Tamaulipas y en menor medida Coahuila, Morelos, San Luis Potosí y Zacatecas. 

 

Además de esto piden que el Gobierno Federal debe apoyar a los municipios con recursos asignados para la seguridad, ya que, por mencionar un ejemplo, “en la actualidad son solo 300 municipios que tienen acceso al subsidio para la seguridad pública, denominado FORTASEG; sin embargo al no ser suficiente el recurso otorgado proponen la creación de un Fondo especial para la protección de alcaldes de los municipios que tienen antecedentes de amenazas y/o asesinatos de alcaldes electos, en funciones o ex alcaldes de acuerdo a las zonas de riesgo descritas anteriormente”

 

Luego de tal demanda, la respuesta del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fue condenar los hechos, expresar sus condolencias con los familiares de las víctimas y advertir que estos actos “simple y sencillamente no pueden ser tolerados en nuestro país”.

 

Ojalá que el énfasis sea mayor en el hecho que en el dicho cuando asegura que el gobierno federal coadyuvará con los gobiernos estatales para identificar y detener a los responsables, así como es indispensable proteger a quienes trabajan en favor del país, pues si la autoridad municipal se dice y se muestra vulnerable, vaya desasosiego que se genera entre la población y así no extrañe la percepción de inseguridad.

 

Este es uno de esos días en que a algunos seguro se les van las ganas.

 

 

PRECAUCIÓN: Gran reto tienen los sistemas DIF Municipales, empezando por el de Toluca, tras la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado, a raíz de la muerte de una bebé en una de sus estancias infantiles. Desde ahora debe haber permanentemente un médico titulado en cada estancia para garantizar adecuada atención y capacidad de reacción en emergencias.  Un tema de responsabilidad y de recursos que tienen que prever sin evasivas todos los municipios que tengan estancias, antes de otro niño ahogado.

 

 

ABUSADOS: El gobierno municipal de Huixquilucan, reventó contra el Sindicato de trabajadores del estado y municipios que encabeza Hermino Cahué Calderón, al que acusan de exigir pretensiones económicas desmesuradas e injustificadas. Hoy ponen en tela de duda que este organismo sindical esté realmente abogando por un beneficio para los trabajadores, cuando exige en su pliego petitorio 290 millones de pesos, siendo que en el cálculo ofertado por el municipio, con base en su real capacidad presupuestal, con 180 millones se garantizaría el sueldo base del trabajador, su incremento salarial y demás prestaciones. A ver qu​é​ explicación puede dar el líder,

cu​á​ntos otros municipios siguen el ejemplo de Huixquilucan y cuántos trabajadores empiezan a poner la lupa en las finanzas del sindicato al amparo de la Nueva Ley de Transparencia.