Con énfasis a la atención a la población indígena y afromexicana, pero con atención a la población en general, fue inaugurada la sede de la primera Defensoría Pública federal, con sede en Huejutla, Hidalgo.
Huejutla de Reyes, Hidalgo.- El evento estuvo encabezado por Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien señaló que “La justicia no debe estar solo en la capital; debe ser algo vivo, cercano al pueblo, accesible para todos”.
La oficina regional de la Defensoría Pública federal ofrecerá asesoría legal y jurídica en todo tipo de temas, enfatizando que sobre todo se trata de garantizar el acceso a la justicia cotidiana.
“Si el banco no le quiere abrir una cuenta, ahí necesitamos un defensor. Si una autoridad no quiere hacer valer el acta de asamblea, ahí se necesita. Si se requiere modificar Ley Orgánica, Reglamento, se necesita defensores”, señaló Aguilar Ortiz.
Acompañado de Francisco Fernández Hasbun, encargado del despecho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), el Ministro Presidente de la SCJN agregó que la Defensoría Pública debe defender a aquella población que se detenga o contra quienes se inicien carpetas de investigación.
Ello con el objetivo de evitar injusticias y combatir el rezago histórico de los pueblos indígenas, agregó ante otros invitados a la apertura del espacio, así como a los asistentes en general.
La oficina regional que depende del Instituto Federal de Defensoría Pública, ofrecerá orientación, asesoría y representación jurídica en materia administrativa, civil, mercantil, fiscal, migratoria, laboral y penal.
Para ello contará con dos defensores de oficio que hablan el idioma náhuatl, quienes brindarán la atención y el acompañamiento a la población que lo requiera en forma gratuita.
La oficina se ubica en la sede de la Fiscalía General de la República, dentro de la ciudad de Huejutla.
Se prevé la apertura y funcionamiento de oficinas regionales del Instituto Federal de Defensoría Pública en todo el país para brindar las atenciones legales y jurídicas que requiera la población de forma descentralizada.
